A 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, distintas ciudades del país se preparan para jornadas de vigilia, actos conmemorativos y movilizaciones. En ese marco en el programa Digamos Todo habló con Ricardo Gil Lavedra, uno de los seis jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal que integró el histórico tribunal del Juicio a las Juntas Militares en 1985. «No existían guías ni antecedentes sobre cómo llevar adelante un juicio de estas características, lo que convirtió al proceso argentino en una experiencia única en el mundo».
Para comprender la magnitud de este proceso, es necesario remontarse a los hechos que lo originaron. El 24 de marzo de 1976 se instauró en Argentina una dictadura militar que, si bien no fue la primera en la historia del país, sí fue la más violenta y sistemática en términos represivos.
El régimen desplegó un plan clandestino que consistía en el secuestro de personas, su traslado a centros de detención ilegales, donde eran sometidas a condiciones inhumanas y torturas, con el objetivo de obtener información. En la mayoría de los casos, las víctimas eran posteriormente asesinadas, en muchos casos mediante fusilamientos, incineraciones o los denominados “vuelos de la muerte”.
Todo este accionar se desarrolló bajo un estricto manto de clandestinidad. El Estado negaba sistemáticamente los hechos, tanto ante la justicia como frente a organismos internacionales y familiares de las víctimas. En este contexto surge la figura del “desaparecido”, una categoría trágica que definió a miles de personas cuyo paradero fue ocultado deliberadamente.
Con el retorno de la democracia en 1983, el gobierno de Alfonsín tomó una decisión clave: avanzar en el juzgamiento de los máximos responsables de la dictadura. Esta iniciativa implicó sortear importantes obstáculos, tanto políticos como jurídicos, dado que muchos de los acusados aún conservaban poder dentro de las Fuerzas Armadas. La premisa era clara: la democracia no podía consolidarse sin justicia. Para ello, no bastaba con conocer la verdad —tarea en la que fue fundamental el trabajo de la CONADEP— sino que era necesario otorgarle un reconocimiento jurídico que la volviera indiscutible.
El juicio permitió establecer oficialmente hechos que hoy forman parte del consenso social: que existió un plan sistemático de secuestros, torturas, violaciones y asesinatos por parte del Estado. A partir de ese proceso, estos crímenes dejaron de ser materia de debate para convertirse en verdades judiciales. El desarrollo del juicio estuvo marcado por una enorme intensidad. Según relata Gil Lavedra, el trabajo fue “tremendo” y demandó un compromiso absoluto por parte del tribunal.
Las actitudes de los acusados variaban notablemente. Algunos mostraban comportamientos provocadores, mientras que otros mantenían una postura más respetuosa. Entre las imágenes más impactantes, se recuerda a Jorge Rafael Videla leyendo un libro religioso durante la acusación fiscal.
A pesar de las dificultades, el tribunal mantuvo una firme convicción: era imprescindible hacer justicia. Este compromiso se sostuvo incluso en un contexto de creciente tensión militar, con resistencias evidentes frente al avance de los juicios.