En la reunión se abordaron diferentes aspectos de índole judicial sobre personas en situación de vulnerabilidad, ley Micaela y violencia de género. En la actual modalidad mixta entre presencial y virtual asistieron a la reunión del lunes 7 de junio, la presidenta de la comisión, Susana Rueda, de Rosario Progresista; La vicepresidenta, Jesica Pellegrini y María Luz Olazagoitía, ambas de Ciudad Futura-FSP; Norma López y Alejandra Gómez Sáenz, del Frente de Todos-PJ y Daniela León, de Unión Cívica Radical/Juntos por el Cambio.
Al comienzo, Rueda presentó a María Eugenia Iribarren, Fiscal Regional de Rosario, quien agradeció la convocatoria. La reunión consistió en conversar entre otros puntos sobre el abordaje de la acusación en personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad
Sobre esto, lribarren respondió que el abordaje general se sostiene en reglas generales que deben seguir todos los fiscales. “El deber de fiscalía es el ejercicio de la acción penal, por eso hay reclamos que se hacen y que están por fuera de las competencias de nosotros”, precisó y afirmó: “En el caso particular de Natali R (la mujer que está privada de su libertad en la unidad carcelaria número 5 de Rosario) lo que condicionó es que existiera una condena anterior”.
Rueda además indagó sobre el uso de la fuerza pública en los controles barriales, por las restricciones impuestas en el marco de la pandemia por el covid19. La fiscal señaló que el diseño de eso corresponde al Ministerio de Seguridad de Santa Fe, sin embargo, describió que “cuando comenzaron las restricciones la policía no sabía cómo hacer cumplir la ley entonces desde la fiscalía se vieron en la necesidad de establecer algunas pautas. Se designó así a varios fiscales para evacuar consultas de las autoridades policiales”. Y continuó: “Este año ya no se podía seguir disponiendo de los fiscales para esa tarea, entonces se concentraron todas las consultas en un solo fiscal designado para tal efecto”.
Luego, la presidenta de la comisión unificó preguntas sobre el interés de los fiscales respecto a la capacitación de la Ley Micaela y la estructura que tiene la fiscalía para el abordaje vinculado a delitos sexuales y de violencia de género.
Iribarren informó que existe una capacitación funcionando en la actualidad que cubrió el cupo de inmediato lo que implica que hay una necesidad y un interés.
En cuanto a casos de violencia de género hay cuatro fiscales a cargo y 5 funcionarios de los 10 que son secretarios de gestión y un equipo interdisciplinario, además de las áreas administrativas. También hay unidades como la de violencia sexual donde hay 6 fiscales intervinientes. Después lo que es femicidio lo atienen unidades de homicidio y son ocho. También hay cuatro en homicidios culposos donde hay denuncias por suicidio, y muchos de esos casos involucran mujeres y se atienden como posible violencia de género.
Posteriormente, Rueda habilitó las preguntas de las concejalas.
Así, Pellegrini informó sobre la existencia de un consejo asesor en la comisión de feminismo y expuso sobre un informe elaborado donde se advierten falencias en el abordaje en el primer momento de las denuncias por violencia de género. Además indagó sobre si hay criterios respecto a los amicus curiae, (que refiere a presentaciones realizadas por terceros ajenos a un litigio) y también si hay criterios de comunicación pública y partes de prensa sobre la actuación del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
La fiscal aclaró que los ámbitos de atención primaria como los centros territoriales y las comisarías dependen del Poder Ejecutivo y no del MPA. Sobre lo de amicus es algo que no está reglamentado pero es cuestión de decisión jurisdiccional.
Por su parte, Norma López abordó el tema de los femicidios y feminicidios en contextos de criminalidad y requirió información sobre datos de investigación respecto a los sicariatos. Por otro lado se mostró preocupada por las dificultades de mujeres en el acceso a la justicia de niñez y adolescencia, según el nivel socioeconómico en el que se encuentran. Finalmente quiero saber cantidad de mujeres y varones que accedieron a la capacitación de la ley Micaela y por último elevamos una propuesta al colegio de magistrado donde pedimos que las mujeres y víctimas de violación por la tarde tengan un espacio propio donde ser atendidas
Iribarren mencionó que en el último curso hubo un cupo de 350 personas, pero sostuvo que la formación depende de la Fiscalía General “por eso no puedo dar números preciso pero sí consultarlo”, se ofreció la fiscal.
Además señaló que existe desde el año pasado un protocolo para la investigación y litigios de casos de homicidios, y en particular sobre balaceras y sicariatos precisó que “lo investigamos como una violencia particular estableciendo unidades fiscales que puedan hacer un abordaje transversal y no quedarse con un primer autor e incluso vincular diferentes casos. También se conformó un grupo especial para este tipo de hechos.
La fiscal informó que a partir de toda esa información van modificando abordajes y perspectivas, pero cuestionó: “Nuestros recursos son los mismos e incluso menos porque se jubilan. Se van sumando investigación pero no contamos con un espacio de inteligencia policial, en Estados Unidos por ejemplo, no hay ningún fiscal que no base su trabajo en un grupo como el FBI”. Iribarren precisó que la tarea de investigación e inteligencia la realizan ellos mismos y que la falta de recursos no los detiene ni limita.
Por último, analizaron la vigencia del abordaje luego del convenio de capacitación firmado en 2019 con el Ministerio Público Fiscal, sobre lo que la fiscal Iribarren confirmó que el convenio sigue vigente y que el protocolo mencionado se hizo en base a eso.
Para cerrar la audiencia Rueda agradeció la asistencia y participación.
Centro de día Alas
Posteriormente se recibió a representantes del Centro Alas para personas con discapacidad: Laura Nonis, Silvia Piazza y Ana María Miglionico, que se vieron obligados a desalojar el inmueble donde funcionaban.
Al comienzo Nonis, puntualizó que ellos funcionaban en una casa en comodato gratuito en calle Alvear al 300 pero que tuvieron que devolver la misma a solicitud de los propietarios. También sostuvo que sólo cuenta con ingresos de las mismas personas que asisten y por lo general se equipara a los egresos, por lo cual económicamente no pueden afrontar ni alquiler ni compra de un inmueble.
Por su parte, Migliónico solicitó la posibilidad de lograr un comodato para poder continuar con los servicios prestados a 27 personas. “Hemos estado en comunicación para obtener un espacio de dominio público tanto con provincia como con autoridades locales”, detalló. Piazza agregó que se debe destacar que se trabaja de manera personalizada con personas donde el Estado no llega a dar una respuesta.
A su turno, León Informó que ya existió una reunión en comisión de Gobierno y se elaboró un decreto solicitando un comodato al Ejecutivo municipal y también la asistencia del gobierno provincial. Además explicó que esta semana se avanzó en la posibilidad de que Alas tenga una parcela en el bosque de los constituyentes para sus actividades de huerta.
Rueda indagó sobre las preferencias de las zonas donde quisieran radicarse. Sobre esto último Piazza reconoció que en este momento y ante la urgencia no pueden ponerse en una situación puntillosa, pero sí que sea accesible respecto a distancias y modalidades de transporte.
Luego, Norma López consultó si también van por una vía de acción con la municipalidad y cuál es el estado de situación de las acciones con la provincia
Nonis contó que están en comunicación con Hugo Burgués, a cargo de la Subsecretaría de Integración de Personas con Discapacidad, Adultas Mayores y de Comunidades Originarias, dentro del Ministerio de Desarrollo Social y que tenían en vista un predio en Provincias Unidas y Juan Domingo Perón donde había antes un geriátrico y podía ser una opción, a la que van a ir a ver.
Finalizando Miglionico consultó sobre la propiedad del ex hogar del huérfano, a lo que Rueda informó que si bien no tiene el detalle respecto a la propiedad, si es de su conocimiento que funciona allí una escuela y el lugar es gestionado por la provincia. Luego cerró las exposiciones agradeciendo la participación de todas.
Trabajadores de los Centros de Convivencia Barrial (CCB)
Vacunas, inversión y mejores sueldos.
Otra audiencia fue con representantes de la Asamblea de Trabajadores de los Centros de Convivencia Barrial (CCB). Asistieron Pablo Cantarella; Álvaro Córdoba; Natalia Camuso y Gabriela Jaume.
Córdoba, comenzó contando sobre una denuncia de precarización laboral y explicó que se trata de una situación que data de hace más de diez años. “Nosotros desde entonces seguimos trabajando en el territorio, en las zonas más postergadas y pobres de la ciudad”, sentenció y actualizó: “Luego de la asamblea comenzamos en planta transitoria”.
Luego, manifestó que la idea de considerarlos esenciales al comienzo de la pandemia, hizo que se los convoquen a tareas como la de distribuir cajas de alimentos o en el plan detectar. Córdoba realizó un breve historial detallando que desde septiembre volvieron a trabajar pero no estuvimos incorporados en ninguna lista para ser vacunados, a pesar de ser considerados esenciales. Y aclaró que la perspectiva de su reclamo no puede quedar solo en un tema de vacunas, que poco a poco se va destrabando. Sino que debatir sobre las políticas pos pandemia.
Por otra parte, Camuso agregó que por estar en territorio siempre se los convoca en situaciones críticas, incluso desde antes de esta pandemia. “Trabajamos con las problemáticas de la infancia y su familia, y en tiempo de confinamiento esto se agrava, por eso defendemos esos derechos”, argumentó.
A su turno, Jaume bregó por políticas más serias y profundas con más inversión y en lo que respecta a lo gremial sobre la mejora de sueldos, ya que sostuvo que son de los más bajos de la municipalidad.
Posteriormente, Cantarella resumió que en su momento la reunión se pidió para exigir la vacunación, pero que ahora y luego de cinco meses ya comenzaron a ser inoculados. Por eso aprovechó el encuentro para poner en conocimiento la invisibilidad que padecen en su trabajo. Córdoba retomó el discurso y advirtió que se fueron desfinanciando programas y se degradó la secretaría. “Buscamos que las fuerzas políticas digan que va a pasar con las infancias y las adolescencias”.
Cantarella aclaró que si bien los que asistieron a la reunión están en condiciones correctas de contratación, hay compañeros que cumplen funciones parecidas y que no están cobrando adicionales y además tienen categorías muy bajas. “También existen otros que tienen contratos por nueve meses y situaciones aún más irregulares”, sentenció.
Luego de las exposiciones se habilitaron preguntas. Es así que Gómez Sáenz consultó sobre el contacto con autoridades municipales. Cantarella reconoció que tuvieron reunión con Nicolás Gianelloni, secretario de Desarrollo Humano y hábitat, pero luego se cortó todo contacto.
A continuación Norma López sostuvo que queda claro el planteo político y preguntó sobre cómo advierten que pueden ser acompañados desde la comisión de Derechos Humanos. Córdoba recogió el guante y sustentó que una herramienta puede ser el pedido de informes.
Rueda culminó la reunión, siempre agradeciendo la participación de los expositores.