El senador departamental por Rosario habló en el programa La Barra de Casal que espera se trate a la brevedad en el Senado Provincial para poder brindar una ley santafesina que ayude a los Municipios a controlar las situaciones de amenazas y extorsiones que se dan en la vía pública con los coloquialmente llamados «trapitos».
«La ausencia de una ley provincial genera un vacío normativo que deja el control librado a voluntades políticas o a la capacidad de acción de los Municipios. En muchos casos, las autoridades locales no cuentan con el respaldo legal suficiente para intervenir de manera efectiva, incluso cuando la situación escala a hechos de violencia» explicó el senador departamental por Rosario: “El problema es que cuando no existe una ley, todo queda en una zona gris”.
El proyecto presentado por Seisas en el Senado provincial establece lineamientos concretos y directos. Su primer artículo es contundente: prohíbe la actividad de los cuidacoches y cualquier otra prestación de servicios no autorizados en la vía pública.
La prohibición no se limita únicamente al “cuidado” de vehículos. Incluye también otras prácticas informales como:
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Lavar autos en la calle.
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Limpiar vidrios en esquinas o semáforos.
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Ofrecer servicios en salidas de espectáculos masivos.
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Cobrar por “cuidar” vehículos en zonas con o sin estacionamiento medido, generando incluso una doble imposición al conductor.
En palabras del legislador, cualquier persona que ofrezca o persiga un pago a cambio de un servicio no autorizado por la autoridad competente incurre en una actividad prohibida.
El Artículo 2 del proyecto incorpora un aspecto social clave. La iniciativa propone la creación de una nómina o registro de las personas que actualmente realizan estas actividades en la calle, no para habilitarlas, sino para identificarlas, censarlas e individualizarlas.
El objetivo es evaluar cada caso de manera integral: verificar si la persona tiene antecedentes penales, si atraviesa consumos problemáticos o situaciones de conflicto con la ley penal. A partir de ese diagnóstico, el Estado podría incorporarlas a programas de capacitación laboral u oficios, facilitando una salida alternativa a la informalidad.