El secretario de Control y Convivencia de Rosario, Diego Herrera, se refirió a los alcances de la media sanción de la ley que busca regular la actividad de los cuidacoches, también conocidos como “trapitos”. En diálogo con Carolina Coscarelli en el programa Digamos Todo, el funcionario explicó que, si bien aún resta su aprobación definitiva, el proyecto ya representa una herramienta clave para ordenar una problemática histórica en la ciudad.
Herrera destacó que, hasta el momento, existía un vacío legal que limitaba la capacidad de acción tanto del municipio como de las fuerzas de seguridad. “No había reglas claras”, señaló, y remarcó que esta nueva normativa permitiría establecer con precisión la prohibición de la actividad y ampliar el margen de intervención en el espacio público.
Actualmente, el accionar municipal se apoya en el artículo 300 del Código de Convivencia, que sanciona la interrupción de la fluidez del tránsito. Sin embargo, esta herramienta resulta insuficiente: durante 2025 se labraron más de 9.000 actas, que derivan en multas económicas que, en la práctica, no son abonadas por quienes ejercen esta actividad debido a su situación social.
En paralelo, el municipio realiza operativos conjuntos con la policía, identificando a los cuidacoches —incluso con un mapeo detallado por cuadra, con nombre y apellido— y verificando antecedentes penales. En ese marco, durante el mismo año se registraron 202 demoras, motivadas por agresiones, denuncias de vecinos por extorsión o antecedentes penales, aunque estos últimos representan una minoría.
La posibilidad de avanzar penalmente hoy se limita casi exclusivamente a los casos en los que se logra comprobar extorsión, esto es lo que cambiaría con la sanción de la ley, ya que la misma directamente penaliza la actividad como algo ilegal en el espacio público si es que luego una ordenanza lo ratifica de esta manera.