En una entrevista brindada en el programa radial La Barra de Casal, el constitucionalista Mariano Toricelli, titular de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Rosario, analizó en profundidad los mecanismos institucionales disponibles para la eventual destitución de Manuel Adorni como Jefe de Gabinete en Argentina.
Ante la consulta sobre la posibilidad de aplicar una moción de censura en este caso, Toricelli fue claro: sí, es posible, aunque no sería el mecanismo más adecuado desde el punto de vista técnico. El constitucionalista explicó que la moción de censura tiene como objetivo central la desaprobación política de la gestión de un funcionario, no la evaluación de conductas jurídicas o delictivas. En cambio, cuando lo que está en discusión son posibles delitos o mal desempeño, lo correcto sería recurrir al juicio político.
“La moción de censura está pensada como una desaprobación política, no como una herramienta para analizar delitos” explicó.
Toricelli remarcó en ese esntido que, en situaciones donde se investigan conductas que podrían constituir delitos, el procedimiento adecuado es el juicio político, ya que este contempla:
- La formulación de una acusación concreta
- La posibilidad de defensa del acusado
- Un proceso institucional formal
Además, el juicio político está previsto constitucionalmente para casos de mal desempeño o comisión de delitos, diferenciándose claramente de la lógica política de la moción de censura.
El especialista subrayó que ambos mecanismos responden a lógicas distintas:
Moción de censura
- Es una herramienta de carácter político
- No requiere un proceso formal de defensa
- Se aplica principalmente al jefe de Gabinete
- Implica una desaprobación de la orientación de gestiónJuicio político
- Es un proceso jurídico-institucional
- Requiere acusación formal y derecho a defensa
- Puede aplicarse al presidente, ministros, jefe de Gabinete y miembros de la Corte
- Evalúa delitos o mal desempeño
Toricelli ilustró esta diferencia con ejemplos: no es lo mismo cuestionar una política pública (como privatizar o estatizar) que evaluar si esa decisión fue ejecutada de manera irregular o ilegal.