El diputado nacional por Santa Fe, Esteban Paulón, se refirió en el programa La Barra de Casal, al tratamiento que se dará en esta jornada a la modificación de la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados. La sesión está prevista para las 16 horas y se enmarca en un debate que retoma una normativa sancionada originalmente tras un extenso proceso legislativo.
Paulón recordó que la ley tuvo un recorrido complejo: fue aprobada en 2008, vetada por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner y finalmente sancionada en 2010. Su objetivo central es ordenar la actividad minera priorizando la protección de los glaciares y áreas periglaciares como reservas estratégicas de agua dulce.
El legislador santafesino cuestionó con dureza el tratamiento reciente del proyecto, al que calificó de “irregular”. Señaló que, en materia ambiental, las iniciativas deben atravesar instancias de consulta pública y audiencias con participación ciudadana y de especialistas, algo que —según denunció— no ocurrió adecuadamente.
En el Senado, sostuvo, el debate fue “muy acelerado”, con textos que aparecieron minutos antes de su votación. En Diputados, si bien el oficialismo intentó subsanar estas falencias, Paulón afirmó que se llevó adelante una “farsa de audiencia pública”: de más de 100.000 inscriptos, donde solo 200 personas pudieron exponer en dos jornadas. Además, criticó que en la reunión técnica previa a la firma de dictámenes participaron exclusivamente representantes del sector minero, lo que, a su entender, desvirtúa el espíritu de una ley centrada en la protección ambiental.
El diputado enfatizó la relevancia de los glaciares como fuente de agua dulce. Indicó que una de cada cuatro personas en provincias como Mendoza y San Juan depende de estos recursos, en un contexto de más de 15 años de sequía extrema.
Asimismo, remarcó que, aunque los glaciares ocupan apenas el 4% del territorio cordillerano, abastecen cuencas hídricas que benefician al 20% de la población argentina. En ese sentido, advirtió que decisiones locales pueden tener impactos interjurisdiccionales, afectando incluso a provincias como Córdoba.