En el marco de un creciente debate en el barrio Pichincha de Rosario, una vecina de la zona, Gloria, expresó su preocupación ante la iniciativa de realizar ferias sobre calle Jujuy peatonalizando la zona dos domingos al mes. En diálogo con el programa La Barra de Casal, planteó que el eje del conflicto que excede en realidad la instalación de una feria y se centra en el uso —y, según su visión, abuso— del espacio público por parte de actores privados.
Gloria sostuvo que existe una estigmatización hacia los vecinos del barrio, a quienes se los acusa de oponerse a las ferias o de ser “vigilantes” o “aburridos”. Sin embargo, aclaró que esa caracterización es errónea: “Somos ciudadanos que, como todos, atravesamos la situación económica actual y trabajamos día a día”. Lejos de rechazar este tipo de iniciativas, la vecina destacó su valoración positiva de las ferias y del ecosistema emprendedor local. Incluso señaló que suele comprar productos en ellas y resaltó el nivel de diseño y creatividad que caracteriza a Rosario.
No obstante, diferenció el caso puntual de la feria proyectada en calle Jujuy, impulsada por organizadoras privadas que —según indicó— llevan más de una década desarrollando este tipo de propuestas en distintos espacios. La elección de Jujuy, particularmente en su intersección con Oroño, responde al alto flujo de personas durante los domingos. En ese sentido, remarcó que la ciudad ya cuenta con múltiples ferias organizadas en espacios adecuados, como el corredor de calle Rivadavia, la costa o plazas públicas, donde —afirmó— no se generan conflictos con los residentes.
Gloria describió un escenario de saturación en Pichincha, caracterizado por el descontrol, los ruidos constantes y la falta de descanso para quienes viven en la zona. Según relató, las molestias no se limitan a la noche —con la actividad gastronómica y nocturna— sino que continúan durante el día con el movimiento de proveedores y camiones. Particularmente, cuestionó la realización de ferias con corte de calle los domingos, señalando que esto implica desvíos del transporte público, caos vehicular y un importante despliegue de recursos estatales, como personal de tránsito y policía, para una actividad que —según su visión— beneficia a organizadores privados.