«Medir la idoneidad de los jueces por relaciones parentales es un escándalo»

El abogado constitucionalista Luis Ayuso dialogó en La Barra de Casal para analizar la polémica en torno al retiro del pliego de la jueza María Verónica Michelli impulsado por el gobierno nacional, después de que trascendiera que la candidata es cuñada del periodista de investigación Hugo Alconada Mon, quien publicó investigaciones sobre el caso $LIBRA y el patrimonio del jefe de Gabinete Manuel Adorni. La solicitud de retiro fue firmada por el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, y según versiones parlamentarias respondió a una instrucción de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Ayuso explicó que la designación de un juez federal inferior es un acto complejo que requiere la intervención de tres órganos del Estado. En primer lugar, el Consejo de la Magistratura selecciona candidatos mediante un concurso de oposición y antecedentes y eleva una terna vinculante al Poder Ejecutivo, lo que significa que el Ejecutivo solo puede elegir entre los nombres propuestos. En segundo lugar, el Ejecutivo elige uno de esos candidatos y envía el pliego al Senado. Finalmente, el Senado, con mayoría absoluta de los miembros presentes, otorga el acuerdo y habilita la designación formal.

El entrevistado fue claro al respecto: el Ejecutivo puede retirar el pliego, pero solo mientras el Senado no le haya dado el acuerdo. Una vez que el Senado vota favorablemente, el Presidente no tiene otra opción que designar al candidato. En este caso, Michelli ya contaba con dictamen favorable de la Comisión de Acuerdos y estaba en condiciones de ser llevada al recinto. Si el Senado decide tratar el pliego en sesión y aprueba el acuerdo antes de que el retiro sea formalizado, la designación queda firme y el Ejecutivo no puede hacer nada al respecto. «Si lo llevan al recinto y el Senado le da el acuerdo, ahí ya el Poder Ejecutivo no puede hacer nada, lo tiene que designar», explicó.

La senadora Patricia Bullrich anunció que ejercerá su «derecho a la objeción de conciencia» frente al retiro del pliego, una postura que marcó una inusual distancia pública con el gobierno del que forma parte. Ayuso explicó qué es técnicamente la objeción de conciencia: una facultad que tienen las personas para negarse a realizar determinada conducta en virtud de una creencia profunda, históricamente vinculada al ámbito religioso, como la negativa a recibir ciertos tratamientos médicos. Constitucionalmente está admitida, pero su aplicación al ámbito legislativo es forzada. Para Ayuso, lo de Bullrich no es un problema de objeción de conciencia sino un problema político: la senadora busca desmarcarse de una decisión que considera incorrecta sin romper con el bloque oficialista.