Mientras la Justicia santafesina avanza hacia la licitación de los activos de SanCor —seis plantas industriales y un paquete de marcas con base de USD 52,1 millones, con al menos seis empresas interesadas en ofertar— un grupo de trabajadores, productores y proveedores nucleados en el Frente Unificado de Defensa de SanCor plantea que la quiebra está plagada de irregularidades y que existe una alternativa viable para rescatar la empresa.
El abogado Aldo Regali, patrocinante de 460 de los afectados por esta situación (Frente Unificado en defensa de SanCor), explicó el cuadro completo en diálogo con el programa La Barra de Casal y dijo que el problema empieza antes de la sentencia de quiebra. El Consejo de Administración de SanCor pidió su propia quiebra, pero según el abogado no estaba facultado para hacerlo: su rol es administrar, no disolver. Lo que correspondía era convocar a una Asamblea Extraordinaria de asociados para que ratificaran o rectificaran ese pedido. Sin embargo, el juez dictó la sentencia de quiebra antes de que la Asamblea pudiera pronunciarse.
Cuando finalmente se realizó la Asamblea, de los trescientos habilitados para participar sólo asistieron ocho personas. En ese sentido Regali describió un clima de irregularidades: no dejaron entrar a algunos asociados ni a sus abogados asesores, el Consejo de Administración se negó a presidir el acto y en su lugar lo condujo el abogado de la empresa, que no era asociado y por lo tanto no estaba habilitado para presidirla. Con ese quórum mínimo y una votación dividida, se aprobó la quiebra. Además, según Regali, se les dijo a los presentes que votaran como votaran la sentencia se mantendría, lo que vació de sentido a la propia convocatoria.
El Frente Unificado en defensa de SanCor presentó un plan de salvataje conocido como «51-49», que consiste en la creación de una sociedad anónima mediante un mecanismo de conversión de deuda en acciones. Los acreedores recibirían el 100% de sus acreencias en forma de participación accionaria, quedándose con el 49% del capital, mientras el 51% restante cotizaría en la Bolsa de Comercio de Rosario. El plan contó con el respaldo de más del 30% de los acreedores.
El juez lo rechazó con un argumento que Regali calificó de «insólito para el derecho»: el plan fue presentado a las 9.14, y la sentencia de quiebra había sido firmada a las 8.58. Esos 16 minutos de diferencia fueron el fundamento del rechazo. «Nuestro código de procedimiento establece que los modos de contar los intervalos en el derecho es de días en días. Todo lo presentado durante el horario laboral de tribunales en un día se considera presentado en el mismo momento», explicó el abogado. La apelación de ese rechazo está en curso.