Fabián Catanzaro, secretario adjunto de la Federación del Personal de Vialidad Nacional, habló en el programa La Barra de Casal sobre el deterioro histórico de las rutas nacionales de cara a las vacaciones de invierno y cuestionó el nuevo esquema de peajes lanzado por el Gobierno Nacional.
Catanzaro explicó que, según relevamientos propios del sindicato, entre un 70% y un 75% de las rutas nacionales se encuentra hoy en estado regular o malo, lo que representa el peor registro en los 94 años de historia de Vialidad Nacional. Para dimensionar el salto, recordó que el último relevamiento oficial del organismo, correspondiente a 2023, ubicaba ese porcentaje en el 48%. Desde el punto de vista técnico, remarcó que la falta de mantenimiento acelera de forma no lineal el deterioro de una ruta: por cada año sin mantenimiento se pierden entre 3 y 5 años de vida útil, lo que explica un incremento de 20 a 25 puntos porcentuales en apenas dos o tres años. El dirigente enmarcó esta alerta en el inicio de las vacaciones de invierno en la mayoría de las provincias, un período en el que aumenta la circulación de gente poco habituada a transitar rutas, y recordó que el verano pasado ya había mostrado un incremento de víctimas fatales en los tramos de mayor circulación turística.
Consultado por el nuevo sistema de concesión por peaje lanzado por el Gobierno Nacional, Catanzaro se mostró crítico: consideró que se repiten los errores de los procesos de concesión de la década de 1990, con aumento de cabinas de peaje —que se duplicarán y, en algunos tramos, hasta se triplicarán— sin que se prevean obras de envergadura. Según indicó, el primer año del esquema contempla solo una puesta en valor básica de los tramos —bacheo, corte de pasto y mantenimiento de rutina—, sin planes de ampliación a un tercer carril, autovías, puentes o distribuidores nuevos. El dirigente remarcó que, tras 30 años de tramos concesionados, la red vial no acompañó el crecimiento de la población ni del parque automotor. Sobre el financiamiento del sistema actual, denunció que en los últimos dos años el Ministerio de Economía retuvo a Vialidad Nacional más de 1.000 millones de dólares en impuestos a los combustibles líquidos que, por ley, debían transferirse al organismo, un monto que —según calculó— habría alcanzado para mantener 20.000 kilómetros de rutas o construir 3.000 kilómetros nuevos. Por eso, la Federación presentó en el Congreso un proyecto de ley de emergencia vial que reclama ejecutar los recursos ya asignados por ley pero no utilizados.