Nahuel Zedner, referente de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), habló en el programa La Barra de Casal y explicó los alcances del proyecto de Ley de Cocineras Comunitarias que presentó la organización para reconocer y regular el trabajo que realizan quienes sostienen comedores comunitarios en distintos barrios de la provincia de Santa Fe.
Según explicó Zedner, las cocineras comunitarias son mujeres que ponen a disposición sus propias viviendas, destinan horas de trabajo y dejan en segundo plano sus responsabilidades familiares para garantizar comida a vecinos que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.
El proyecto fue presentado públicamente el 7 de agosto del año pasado y posteriormente ingresó a la Legislatura provincial en noviembre de 2025. Sin embargo, hasta el momento no recibió tratamiento legislativo.
La iniciativa plantea cuatro medidas principales. En primer lugar, propone crear un registro provincial de comedores, ya que actualmente, según señaló Zedner, no existe un registro oficial que permita determinar con precisión cuántos establecimientos funcionan en el territorio santafesino.
También plantea la creación de un registro de cocineras y trabajadoras de los comedores, con el objetivo de conocer cuántas personas desarrollan esta tarea.
El tercer punto consiste en establecer una mesa de diálogo y seguimiento, integrada por representantes del Poder Ejecutivo, organizaciones sociales, la Iglesia, sindicatos y otros actores vinculados con la problemática. El objetivo sería generar un espacio de control y seguimiento de la aplicación de la ley.
Finalmente, la propuesta contempla un reconocimiento económico para las cocineras, equivalente al 50% de un Salario Mínimo, Vital y Móvil. Zedner sostuvo que existen comedores que reciben hasta 800 personas por día y que las trabajadoras pueden dedicar alrededor de diez horas diarias a la actividad. En ese sentido cuestionó la postura que sostiene el Gobierno provincial respecto del reconocimiento económico de esta actividad ya que la negativa que recibió la organización es que, si el trabajo social fuera remunerado, dejaría de ser considerado trabajo social.