Paola Ocampo, presidenta comunal de la localidad de Saladero, habló en el programa La Barra de Casal y relató el episodio que les tocó vivir en el marco de las obras que se encuentran realizando para reforzar las defensas contra las inundaciones ante la llegada del temporal que se prevee por el fenómeno conocido como «El niño».
En el marco de esas tareas, en los terrenos municipales se encontraron con un cartel de una propiedad privada en uno de los lugares donde tenían que avanzar, siendo que el mismo no figuraba como tal. Al ser consultado el supuesto dueño, se comportó de forma hostil amenazando al personal del municipio y sin mostrar ningún tipo de documento que asegure que la propiedad era del mismo.
Tras solicitarse la presencia policial y de fiscalía, comenzó la demora que los tuvo con muchas jornadas en donde fueron al lugar pero no pudieron avanzar con los trabajos, hasta que finalmente hoy pudieron lograron con la llegada de los uniformados que despejaron el camino para la tarea, no sin antes tener que lidiar con este hombre que volvió a presentarse en el lugar y continuó intentando obstaculizar las tareas.
“Yo recién acabo de tener un ida y vuelta con el jefe policial porque ustedes lo tuvieron que haber detenido y sin embargo va y viene, va y viene”, sostuvo Ocampo. La titular de la comuna cuestionó que el personal policial deba permanecer durante varios días en el sector para evitar nuevas interrupciones. La situación se había repetido pese a las denuncias realizadas desde el primer inconveniente. “Denuncié la situación en varias oportunidades, vinieron los uniformados, intervino la fiscal y jamás lo tocaron”, afirmó.
Consultada sobre si sentía temor frente a la presencia del hombre que había sido visto con un machete, Ocampo aseguró que la situación llegó a un punto en el que dejó de tener miedo por su propia seguridad. “Yo ya perdí hasta el miedo con esta situación. Tengo más miedo de que me ingrese el agua y que me provoque un desastre, que a esta persona”, expresó.
La presidenta comunal también manifestó su percepción sobre el vecino involucrado y sostuvo que, más allá de las amenazas que motivaron las denuncias, considera que existe otra persona detrás del conflicto. “Siento que es un pobre tipo que está siendo dominado por una persona que sí tiene con qué y él es usado para ponerse al frente”, señaló.
De todos modos, remarcó que las amenazas fueron tomadas con firmeza y que se realizaron las denuncias correspondientes. Su principal cuestionamiento estuvo dirigido al accionar posterior de la Justicia y de las fuerzas de seguridad. “Considero que ese hombre tuvo que haber estado mínimamente demorado. Y ni siquiera eso”, planteó Ocampo, al considerar que la situación debería haber tenido otra respuesta desde el primer momento.
La presidenta comunal también advirtió que el conflicto podría no terminar cuando concluyan los trabajos sobre la defensa. Ante la consulta sobre la posibilidad de que se produzcan daños posteriormente, aseguró que la comuna permanecerá atenta. “Nosotros ya dijimos que del momento que se finalizó, vamos a estar lógicamente al pendiente de cuidar de que esté todo bien y que no puedan ocasionar algún daño”, sostuvo.
El mismo conflicto se repite en Helvecia y San Javier
Al finalizar la entrevista, desde La Barra de Casal se puso el foco en una problemática que, según se planteó, excedería el caso puntual de Saladero. La localidad, ubicada en el norte santafesino, entre Helvecia y San Javier, enfrenta una situación en la que un privado intenta impedir el ingreso para realizar trabajos sobre una defensa que la comuna considera de carácter público.
La situación fue calificada como preocupante, especialmente porque se trata de una zona que podría verse afectada por una inundación si el río continúa creciendo. También se señaló que el episodio refleja una problemática que puede repetirse en otros puntos del norte provincial, donde propietarios o personas que se consideran dueñas de determinados terrenos pueden impedir el ingreso de autoridades locales para ejecutar obras necesarias para proteger a las comunidades.
La urgencia está marcada por un dato concreto: el agua del río San Javier se encuentra a pocos metros de una defensa deteriorada, detrás de la cual se encuentra el barrio La Tablada, donde viven más de 50 familias.