La diputada provincial Sonia Martorano habló en el programa La Barra de Casal sobre su proyecto de ley orientado a la alfabetización digital y la prevención de estafas virtuales, una iniciativa que ya obtuvo media sanción en el Senado y ahora deberá tratarse en la Cámara de Diputados.
Martorano explicó que el proyecto surge a partir del aumento sostenido de consultas de personas que sufrieron algún tipo de estafa digital y de la creciente complejidad —o, según los casos, simpleza— de las modalidades utilizadas por los estafadores. La legisladora detalló que una de las variantes más frecuentes consiste en llamados o mensajes que alertan sobre una supuesta transferencia errónea, pidiendo la devolución urgente del dinero, así como ofertas falsas, supuestos reclamos bancarios o solicitudes de códigos y de compartir pantalla. Frente a esto, remarcó que la recomendación central es no actuar por cuenta propia y comunicarse directamente con la entidad bancaria, ya que «atrás de esto hay toda una serie de cosas bastante complicadas» en las que la víctima puede terminar involucrada.
En cuanto al perfil de quienes caen en estas maniobras, la diputada señaló que, si bien existe la idea instalada de que son las personas mayores las más vulnerables por ser «más crédulas», el fenómeno también afecta de forma significativa a la población joven, que suele estar utilizando varios dispositivos y tareas al mismo tiempo, lo que favorece decisiones apresuradas. Martorano puso especial énfasis en que estos engaños suelen concretarse fuera del horario bancario, de manera deliberada, para que la víctima no pueda recurrir de inmediato a su entidad financiera y pierda tiempo valioso mientras los estafadores acceden a sus cuentas. Además, comparó la modalidad tradicional del robo de celulares con una nueva variante: el hurto del teléfono mientras está desbloqueado y en uso, lo que permite a los delincuentes un acceso directo y rápido a los datos, sin necesidad de vulnerar claves de seguridad. También trazó un paralelismo con el corrimiento de los robos violentos en entidades bancarias hacia estafas «profesionalizadas» y ejecutadas a distancia, desde una computadora.
Entre las conclusiones y recomendaciones prácticas, la legisladora subrayó la importancia de no abrir links de mails sospechosos, verificar la identidad de la entidad que se comunica y contactarla por canales oficiales, además de cambiar claves ante cualquier sospecha de vulneración. Planteó también la necesidad de crear una línea o canal de comunicación específico donde la ciudadanía pueda recibir asesoramiento inmediato ante una situación de estafa. Martorano señaló asimismo un vacío legal en torno a la responsabilidad de los bancos cuando una cuenta es hackeada, un terreno gris en el que, según remarcó, la Justicia en algunos casos falló responsabilizando a las entidades financieras por fallas de seguridad interna.