Fulvio Monti, secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio de Villa Constitución, habló en La Barra de Casal sobre los despidos que realizó la empresa de agrotecnología Plantium Gentec, que envió telegramas a 89 empleados de dicha localidad, sumado a 26 de Rosario y plantea que no tiene dinero para pagar las indemnizaciones.
El concepto central es un despido masivo en medio de una negociación: según explicó Monti, la empresa despidió a 110 trabajadores “del día a la noche”, cuando se discutían retiros voluntarios y había empleados dispuestos a resignar el 50% de su indemnización para sostener la fábrica. “Nos encontramos el viernes a la mañana con las 90 cartas de documentos y con la imposibilidad de ingresar”, relató.
El problema de fondo, remarcó, es que la empresa pretende seguir produciendo con 60 empleados, un recorte de casi el 70%, y dice no tener dinero para indemnizar, con la promesa de pagar si le va bien. Monti dijo que “jamás en la vida nos pasó una situación así en un conflicto” y calificó el planteo de “inmoral e ilegal”. La empresa arrastra una deuda cercana a los 19 millones de dólares y, además, adeuda tres meses de sueldo.
Como contexto, el dirigente reconoció que los motivos de la crisis son reales, como la apertura de importaciones, y explicó que la compañía, que desarrolla tecnología para el agro y para cosechadoras, perdió clientes clave como Metalfor y Pauni, que atraviesan sus propias crisis. Aun así, sostuvo que existe “una responsabilidad empresarial”. Durante cuatro meses los trabajadores cobraron 200.000 pesos por semana y el gremio sumó un bono mensual de 500.000 pesos desde su supermercado. Hay empleados con hasta 30 años de antigüedad, madres solteras y familias con hijos con discapacidad. Monti advirtió que en Villa Constitución ya hay más de 2.000 despedidos en la industria y que hay “no menos de 400 puestos” del comercio comprometidos hasta fin de año.
Sobre las medidas, los trabajadores permanecen dentro de la fábrica con el portón semiabierto desde el viernes. Monti aclaró que no impedirán el ingreso de quienes quieran trabajar, ya que hacerlo es delito penal, y que se retirarán si se pagan los sueldos adeudados.