¿Qué cambia en Santa Fe para que ahora sea más difícil el robo de celulares?

Federico Angelini, secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, explicó en La Barra de Casal cómo funcionará la ley que apunta a desarticular el mercado ilegal de celulares al permitir la recuperación de los equipos robados.

Angelini explicó que la ley no se limita al hecho del robo, sino que apunta a todo el mercado ilegal de celulares: quien comete el arrebato, quien provee la moto (generalmente robada y con la patente adulterada), quien blanquea y acopia los equipos y quien los revende. Según dijo, esa cadena configura una asociación ilícita y no un simple hurto. Esto es clave porque, en el hurto, el autor “ya está afuera en la calle” mientras se hacen los trámites, y eso lo define la ley. Al investigar la cadena completa, en cambio, los implicados tienen que dar mayores explicaciones a la Justicia.

El mecanismo se apoya en el IMEI, el número de 15 dígitos que identifica al aparato (puede haber uno o dos por equipo) y que se obtiene marcando *#06#. Angelini remarcó que “el número de IMEI no es el celular”: se mantiene aunque se roten los chips. Quien sufra un robo debe llamar al 911 o hacer la denuncia en la web del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y aportar el IMEI, que se carga en una base de datos creada junto con el MPA. Los controles de identidad y de autos, que son entre 34.000 y 35.000 por semana, incorporarán un dispositivo que escaneará el DNI y también el IMEI. Si el equipo figura como robado, se llama a un fiscal y se retiene el celular para devolverlo a su dueño. Se le pedirá a la persona que diga dónde lo compró: si hay buena fe, no habrá medidas en su contra, pero si encubre a quien se lo vendió, sí. Además, se identificarán los chips vinculados a cada IMEI para notificar a quienes tengan un celular robado y darles un plazo para presentarse en la fiscalía.

El funcionario recordó que en diciembre de 2023 la gestión recibió alrededor de 40.000 delitos predatorios y que hoy se bajó a casi la mitad, unos 21.000 o 22.000 por mes en Rosario. También destacó una reducción del 70% en la violencia altamente lesiva. El robo de celulares, admitió, es lo que menos se pudo reducir y ahora es el foco, por el impacto que tiene: el celular guarda conversaciones, tarjetas, cuentas bancarias y es herramienta de trabajo. Sobre las críticas de quienes se oponen por la intimidad de las personas, fue tajante: el código de barras del IMEI “no te muestra absolutamente nada de la información que tiene el celular”, y equiparó el trámite a mostrar el DNI. Aseguró que la policía no accede al contenido del teléfono.

Para Angelini, el objetivo es “aumentar el costo” de cometer el delito: antes robar un celular salía gratis porque el autor quedaba libre en pocos minutos, y hoy, con la herramienta Lince, un 911 que llega más rápido y las nuevas facultades de la ley, es más fácil atraparlo y puede pasar más tiempo preso. Sobre la recuperación, explicó que ahora la policía, y no los ciudadanos, puede ir a buscar el celular cuando hay una ubicación precisa. Entre las recomendaciones, pidió anotar el IMEI y guardarlo fuera del teléfono (captura enviada al grupo familiar, mail o papel), activar la geolocalización y, ante un robo, denunciar siempre: “es fundamental hacer la denuncia”.

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