Laura Musa, directora de la Fundación Sur para la Defensa y Promoción de los Derechos de la Infancia, habló en el programa Digamos Todo tras la polémica que surgió desde la voz de distintos referentes políticos como el Gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro, quien pidió bajar la edad de la imputabilidad.
«La Argentina está en mora desde que se firmó la Convención sobre los Derechos del Niño de tener una ley democrática que regule los delitos cometidos por adolescentes, que se puede regular sin privación de libertad, de un modo para que sean responsables de sus actos, que saben que son actos lesivos, pero como chicos que son» y agregó «de ninguna manera, porque cometan delitos como los que cometen los adultos, se los puede tratar como adultos. Eso es una barbaridad porque una sociedad decente sabe diferenciar. Y eso es lo que tenemos que hacer y así lo obliga la Convención».
Al ser consultada por la realidad que ocurre en otros países de Latinoamérica, Musca explicó que el tema no es solamente bajar la edad de imputabilidad, sino para que se realiza esto y explicó: «los últimos que llegaron a reformar, que fue Chile, tiene 13 años, Uruguay 13 años, Costa Rica 12, y en general están entre los 13 y los 14 años. ¿Pero para qué? Para ingresar a un sistema con todas las garantías de debido proceso, para poder establecer que seguramente, con todas las garantías, ese chico cometió un delito».
En ese sentido la directora de la Fundación Sur para la Defensa y Promoción de los Derechos de la Infancia dijo que «si el delito es un delito que no es grave, el chico hará medidas de aprendizaje, se llaman acciones socioeducativas, por muy breve tiempo y trabajando con la familia y demás. Y además se para en dos edades, de esas hasta los 16, y entre los 16 y 18, que ya son más grandes, si cometen delitos graves hay privación de libertad, y ahí van más o menos para los delitos más graves, homicidio o violación, van desde 3 años en Brasil a 15, que es muchísimo en Costa Rica. Pero todo esto uno lo puede discutir, puede discutir la edad, puede discutir el procedimiento, pero es de acuerdo a un régimen absolutamente legal» y sentenció «La Argentina no hemos llegado todavía ni siquiera a discutir las edades o el sistema, porque estamos en un régimen discrecional, a ojo del juez».