El coordinador del Consejo Asesor de Defensa de la Vivienda e Inquilinos de la Oficina Municipal del Consumidor de Rosario, Ariel D. Orazio, advirtió que el DNU 70/2023 representa “un claro retroceso en los derechos de inquilinos” y denunció que deja a quienes alquilan “a merced del mercado”, sin regulaciones ni garantías básicas.
“Este decreto fue diseñado para impactar directamente en el bolsillo de los inquilinos”, explicó Orazio en diálogo con el móvil de LT3, y detalló que los principales cambios afectan la duración de los contratos, las actualizaciones de precios, las garantías, los depósitos y hasta la moneda en que se paga el alquiler.
“Antes había un plazo mínimo de tres años, ahora los contratos pueden ser de un mes. Además, se pueden fijar en dólares y exigir el pago en esa moneda, lo que genera una incertidumbre económica enorme”, alertó.
D`Orazio explicó que también se eliminó la regulación de los depósitos en garantía: “Hoy te pueden pedir varios meses de depósito y devolvértelos sin ajuste por inflación. Es una barrera más para poder alquilar una vivienda”, remarcó.
Sobre las actualizaciones de precios, sostuvo que ahora “las partes definen libremente cómo y cuándo aumentar el alquiler”, lo que en la práctica derivó en subas trimestrales o incluso mensuales ajustadas por inflación.
“La inestabilidad en el acceso a la vivienda es cada vez mayor. Las familias que alquilan están en una situación de vulnerabilidad extrema, sin posibilidad de planificar sus gastos ni defenderse ante condiciones abusivas”, advirtió.
Finalmente, D`Orazio destacó que este escenario no solo afecta a los inquilinos, sino también a pequeños propietarios: “Las reglas las terminan poniendo grandes empresas inmobiliarias, que manejan miles de unidades y tienen la capacidad de imponer condiciones. Los inquilinos y los pequeños propietarios quedan atrapados en esa lógica”, concluyó.