En una entrevista en La Barra de Casal, la concejala Fernanda Gigliani abordó la creciente preocupación de los adherentes al sistema habitacional de Bauen-Pilay, quienes denuncian incumplimientos en los compromisos asumidos por la empresa y se acercaron a la comisión de Planeamiento para expresar su situación.
En primer lugar, la edil aclaró que los propios adherentes no están pidiendo que el Concejo Municipal deje de aprobar proyectos de la firma. Por el contrario, lo que solicitan es que, ante el tratamiento de un nuevo desarrollo urbanístico en la zona de Nuevo Alberdi, se tenga en cuenta la situación de quienes se consideran damnificados.
Según explicó, estos vecinos firmaron contratos bajo un esquema original que establecía un plazo máximo de 20 años para la entrega de la vivienda, ubicada dentro de un radio específico del área central de Rosario. Además, el sistema contemplaba sorteos para adjudicar unidades y el pago de una “cuota posesión” más elevada una vez asignada la vivienda.
Sin embargo, los reclamos apuntan a que hace entre ocho y nueve años no se realizan nuevos sorteos, lo que implica la ausencia de adjudicaciones. A esto se suma que la empresa estaría ofreciendo viviendas fuera del radio acordado originalmente, lo que genera malestar y desconfianza.
La concejala explicó que el Concejo Municipal no tiene competencia directa sobre los contratos entre la empresa y los adherentes, y que muchos de estos casos ya se encuentran judicializados. No obstante, los vecinos plantearon un pedido concreto: que el cuerpo legislativo evalúe requerir a las empresas información pública y verificable sobre el cumplimiento de los compromisos contractuales.
“Como concejales no podemos intervenir directamente, pero tampoco podemos ignorar que hay muchísimos rosarinos afectados”, señaló Gigliani, marcando la tensión entre las limitaciones legales y la responsabilidad política.