Unas mil máquinas funcionaban en una zona franca de La Plata y fueron descubiertas a partir de una denuncia de AFIP/ADUANA por un incidente eléctrico en el lugar. Además, se sospecha que los socios no tendrían capacidad contributiva para justificar las erogaciones en la compra de máquinas que tuvo un costo de 5 millones de dólares.
La Justicia Federal de La Plata desbarató una granja de minado de criptomonedas que funcionaba en esa ciudad y si bien tenían la actividad declaraba, aprovechaban el uso de la energía subsidiada de doble manera: porque en la Argentina ya lo está de por sí y en la zona franca donde estaba ubicado el lugar tiene un descuento aún mayor.
Además, se sospecha de irregularidad en el trámite de ingreso de unas 1000 máquinas y otra tecnología con un costo total de 5 millones de dólares y por eso uno de los delitos posibles es de contrabando.
El predio allanado por orden del juez federal Ernesto Kreplak y la Policía Federal es en el depósito de Building Times, que tiene como inquilino la firma LPZ Hostings S.A.S. Ésta empresa se dedica al minado de bitcoin y en ese lugar había más de 1000 encriptadoras en funcionamiento.
En 2019 hubo un incendio accidental en las instalaciones a tal punto que hubo un resarcimiento por parte de la aseguradora Bostón Seguros, pero se inició una investigación en la Justicia Federal por el episodio.
Las máquinas encriptadoras fueron ingresadas al país en 2018 y también es otro capítulo de la investigación. Por un lado por el trámite de ingreso y posible contrabando agravado y por el otro a raíz de sospecha en la capacidad económica de los dueños de la empresa que no estarían en condiciones de afrontar los costos, y ante sospechas de lavado de dinero.
La empresa informó al fiscal la actividad de “Procesamiento de datos, Servicios de consultores en Tecnología y Servicios de usuarios directo en Zona Franca”, y hay autorización dada por el Ministerio de la Producción de la Provincia de Buenos Aires. No obstante, está la sospecha de las irregularidades por parte de la Justicia.
Por pedido fiscal, el juez Kreplak investiga posibles delitos al régimen penal cambiario, posible contrabando, evasión agravada y supuesto lavado de dinero.