El fiscal de San Isidro estaba suspendido desde diciembre pasado. Está acusado de ayudar a una banda de policías y abogados que se quedaba con cargamentos de droga.
El Jurado de Enjuiciamiento de Funcionarios y Magistrados de la provincia de Buenos Aires destituyó por amplia mayoría al fiscal de San Isidro Claudio Scapolan, acusado de distintos delitos de corrupción.
Estaba suspendido de su cargo desde el 22 de diciembre de 2022, a partir de la acusación hecha ante el cuerpo por el procurador de la Corte Bonaerense, Julio Conte Grand.
En este proceso se le atribuyó haber brindado cobertura judicial, a través de ordenar procedimientos y causas, a una banda de policías y abogados que extorsionaban a narcotraficantes. Incluso, se acusó a esa organización delictiva de haber robado un cargamento de cocaína durante un procedimiento.
La denuncia había sido efectuada por la líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió en 2016, más tarde impulsada por la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado.
El jury estuvo presidido por la titular de Cámara I en lo Civil y Comercial de La Plata, Ana María Bourimborde, luego de que se excusaran los integrantes de la Suprema Corte provincial y de la Cámara de Casación.
También integraron el cuerpo los legisladores Juan Pablo Allan, Daniel Lipovetzky, Walter Carusso, Sofía Vannelli, María Eugenia Brizzi, y los abogados Carlos Valdez, Héctor Mendoza Peña, Carlos Garavaglia, José Manuel Del Cerro y Juan Spinelli.
Tras analizar las pruebas, se resolvió destituir a Scapolan por las causales previstas en los artículos 20 y 21 incisos D, E, I y Q de la ley 13.661 y modificatorias. Además, la decisión incluyó una inhabilitación para acceder a cargos públicos.
La destitución fue aprobada por todos los miembros del jury menos de Vannelli, del oficialismo, quien votó en contra.
Más allá de esa decisión, en la Justicia Scapolan no está procesado. En junio pasado, la Sala I de la Cámara Federal de San Martín revocó el procesamiento por asociación ilícita que pesaba en su contra, aunque confirmó la imputación por presunta falsedad ideológica de documento público.