Fabián Catanzaro, Secretario Adjunto de la Federación del Personal de Vialidad Nacional, habló en el programa La Barra de Casal y aseguró que 1,4 billones de pesos que por ley debían destinarse al mantenimiento de rutas nacionales —surgidos del impuesto a los combustibles líquidos— no llegaron a ese fin. Para dimensionar el monto, señaló que con ese dinero se podrían haber mantenido 20 mil kilómetros de ruta o construido 4 mil kilómetros nuevos.
Catanzaro señaló como caso emblemático la Ruta Nacional 151, principal corredor de acceso a Vaca Muerta, por donde circulan entre 1.500 y 2.000 camiones diarios. Explicó que el deterioro se agravó con la desregulación de los bitrenes (camiones de hasta 76 toneladas, frente a las 51 habituales), y relató episodios de micros dañados y hasta diez autos que reventaron neumáticos en un mismo pozo. Planteó que la solución de fondo requiere desarrollar un sistema ferroviario que acompañe el crecimiento del polo energético.
Según la Federación, el 70% de las rutas argentinas está en estado regular o malo (48% ya en 2023). Catanzaro explicó que cada año sin mantenimiento implica perder entre 3 y 5 años de vida útil del pavimento, y remarcó que con el 95% del transporte de cargas y pasajeros circulando por rutas, corresponde declarar la emergencia vial urgente.
Catanzaro cuestionó el plan de concesión por peaje del Gobierno, que pasará de 6.500 a 9.500 kilómetros concesionados (con meta en 20.000). Según explicó, las empresas ofrecen peajes bajos para ganar las concesiones, hacen obras mínimas y luego suben tarifas —citó aumentos del 300% en la Ruta 14 y de hasta 500% en el puente Rosario-Victoria—. Además, cuestionó que se presente como «inversión privada» cuando las empresas se financian con el BICE a tasas preferenciales, con el propio Estado como garante vía el fondo FOGAR. Los contratos, aclaró, no prevén autovías ni puentes nuevos por 20 años.
Los trabajadores están abocados al operativo invernal, emergencias por aludes y crecidas, y a un fuerte trabajo «a demanda judicial» por amparos de intendentes y organizaciones sociales. Catanzaro diferenció la obra nueva (decisión política) del mantenimiento (obligación legal), y advirtió que la falta de materiales y personal complica cada vez más las tareas, en un proceso de vaciamiento que calificó de «más lento, pero sostenido». Vinculó directamente el estado de las rutas con el aumento de siniestros y víctimas fatales.