El ministro de Defensa, Luis Petri, confirmó que girarán al Congreso un proyecto para modificar la normativa que desde 1991 regula el accionar del Ejército. Según detalló, su accionar en territorio deberá ser solicitado de forma expresa por el gobernador
En medio del paquete de medidas que se vienen anunciando para recuperar para el Estado el control de las calles en Rosario, el ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri informó que enviarán al Congreso cambios en la ley de Seguridad Interior. El objetivo, según detalló, es habilitar a las Fuerzas Armadas a poder intervenir en situaciones extremas, como la que se vive en la ciudad.
“El presidente de la Nación nos ha dado expresas instrucciones de actuar con todo el poder del Estado apoyando las acciones que se están desempeñando en Rosario. Sabemos que para derrotar absolutamente al narcotráfico es imprescindible una tarea coordinada interagencial y que involucre a todos los poderes del Estado para poder realizar investigaciones criminales complejas, inteligencia criminal, endurecer las penas y el patrullaje y las investigaciones patrimoniales para quitarles el poder de fuego”, resumió.
Con respecto a la decisión de que el Ejército forme parte de los trabajos que se realizan en el territorio, Petri aclaró que actualmente se está haciendo en el marco del artículo 27 de la ley de Seguridad Interior, donde las Fuerzas Armadas operan como apoyo a las fuerzas de seguridad con tareas de logísticas, de comunicaciones, arsenales y del cuerpo de ingenieros.
“Está claro que estos esfuerzos no alcanzan y estamos viendo actos terroristas como ocurrió semanas atrás con la muerte de un colectivero, dos taxistas y un playero”, reconoció.
Ante esto, detalló en qué consistirán los cambios en la ley que buscarán aprobar en el Congreso. “Actualmente se establecen dos supuestos para que las Fuerzas Armadas participen en operaciones de seguridad interior: el primero es dar apoyo o ayuda a las fuerzas de seguridad y la segunda posibilidad de actuación son las previstas en la Constitución a partir de la declaración de Estado de Sitio. Pero eso no resuelve el problema, porque se suspenden las garantías constitucionales y las Fuerzas Armadas no actúan bajo un procedimiento determinado”, aclaró.
En concreto, la propuesta del Ejecutivo es habilitar a las fuerzas armadas para que puedan intervenir y realizar operaciones de seguridad interior. Según detalló el funcionario, esto estará atado a una serie de criterios. El principal, es que se considere que en algún lugar del territorio se estén generando actos de terrorismo.
“Esa calificación va a depender del comité de crisis, pero también va a requerir de la voluntad expresa del gobernador de la provincia reclamando la participación de las Fuerzas Armadas. A partir de esta declaración de actos terroristas que pongan en peligro los intereses vitales de la patria, las fuerzas quedarán habilitadas para realizar tareas y operaciones de seguridad interior como patrullajes, control de personas, vehículos, instalaciones y aprehensión en flagrancia de delitos, debiendo dar inmediata intervención a jueces y fiscales intervinientes para dar las máximas garantías”, aseveró.
Además de la habilitación en los trabajos en territorio, el Gobierno remarcó que las fuerzas tendrán la posibilidad de “realizar medios coercitivos que se van a regir en las mismas condiciones que tienen las fuerzas de seguridad, donde es imprescindible la proporcionalidad, gradualidad y progresividad en el uso de la fuerza y donde las acciones no van a ser punibles porque van a ser consideradas en cumplimiento del deber”.
“Este proyecto lo vamos a mandar al Congreso para que se discuta en ambas Cámaras y se dé la posibilidad de un accionar constitucional y necesario. A diferencia de lo que ocurría con el gobierno anterior, que declaraba el triunfo del narcotráfico, y decía que la batalla estaba perdida abandonando Rosario, nosotros estamos convencidos de que la batalla contra los narcos se puede ganar usando todas las herramientas del Estado”, concluyó.