El Presidente envío el decreto de necesidad y urgencia para que sea analizado por los legisladores.
El presidente, Javier Milei, envió hoy al Congreso de la Nación el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que desregula la economía y abre la puerta a la privatización de empresas públicas, la medida será tratada por el Poder Legislativo durante los próximos 10 días hábiles.
Según supo Noticias Argentinas, el extenso texto ingresó por el Senado para ser analizado en la Comisión Bicameral que debe estar integrada por ocho senadores y ocho diputados, aunque aún no fue conformada por diferencias entre el oficialismo y la oposición.
Una vez transcurrido el tratamiento, la Comisión emitirá dictamen respecto de la validez de la medida y, en caso de avanzar, el DNU tiene que ser aprobado por una de las dos cámaras legislativas para mantener su vigencia.
En tanto, para que el decreto pierda validez de forma permanente es necesario que sea rechazado tanto por Diputados como por el Senado.
La norma que envió el Ejecutivo al Senado viene sufriendo múltiples cuestionamientos por parte del Poder Judicial, aunque el primer fallo que le puso un freno llegó a través de la Cámara Nacional del Trabajo, que hizo lugar a un planteo de la Confederación General del Trabajo (CGT) y dictó una medida cautelar.
De esta manera, la Cámara consideró que no se habría configurado la situación de “extrema urgencia” requerida para que el Poder Ejecutivo pueda legislar sobre temas que son potestad del Congreso Nacional y suspendió los artículos del DNU vinculados a reformas en el ámbito laboral.
Tras darse a conocer la decisión del fuero laboral, el Gobierno anunció la presentación de una apelación al fallo elaborada por el Procurador General del Tesoro, Rodolfo Barra.
A pesar del anuncio del Ejecutivo, pasado el mediodía de ayer el DNU tuvo un nuevo revés cuando la Cámara Nacional del Trabajo dictó una nueva cautelar que suspende la aplicación del capítulo laboral decreto del gobierno Milei.
La segunda cautelar tuvo lugar mediante una solicitud de la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA), que conduce Hugo Yasky, un día después de disponer una medida similar por pedido de la CGT.