El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, declaró inconstitucional el veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad, tras un amparo presentado por los padres de dos niños con trastornos del desarrollo y dificultades en habilidades escolares. La resolución afecta directamente a este caso, pero, según Mariel Chapero, presidenta de la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad, “es muy valioso porque sienta un precedente” y refuerza que la cuestión presupuestaria no puede prevalecer sobre los derechos a la salud y educación de las personas con discapacidad.
Chapero subrayó que el fallo permite visibilizar la precarización y desfinanciación que enfrentan muchas instituciones del país y convocó a movilizarse al Congreso durante la sesión donde se tratarán los vetos presidenciales. La ley de emergencia busca recomponer aranceles, garantizar presupuesto para la Agencia Nacional de Discapacidad y permitir que más de 500 000 personas accedan al sistema de prestaciones, educación y rehabilitación, derechos que hoy permanecen vulnerados.