El presidente de Chile recibió una denuncia en su contra por acoso sexual en Punta Arenas, su ciudad natal.
En las últimas horas el presidente de Chile, Gabriel Boric, fue denunciado por acoso sexual en Punta Arenas, su ciudad natal, por parte de una mujer adulta, conocida por él desde hace más de diez años. Sin embargo, el abogado del mandatario, Jonatan Valenzuela Saldías, asegura que en realidad Boric habría sido la víctima de acoso por parte de la denunciante.
En un comunicado, el letrado explicó que entre 2013 y 2014 Boric recibió correos electrónicos de manera sistemática por parte de esta mujer, incluyendo imágenes explícitas no solicitadas.
Según Valenzuela, los mensajes provenían de múltiples direcciones de correo electrónico, y el mandatario nunca tuvo una relación personal, afectiva o amistosa con la remitente.
Diez años después, en septiembre de 2024, la misma mujer presentó la denuncia alegando difusión de imágenes privadas y acoso sexual, acusaciones que el abogado calificó de infundadas. Valenzuela afirmó que su cliente colaboró entregando los correos a la Fiscalía de Magallanes, encargada de la investigación, con el objetivo de demostrar la falsedad de las imputaciones y el hostigamiento sufrido por el presidente.
En este marco, el abogado también señaló que en octubre entregó toda la documentación pertinente al fiscal Cristián Crisosto Rifo y que recientemente solicitó una nueva reunión para reiterar la disposición de Boric de esclarecer los hechos. En vista del tiempo transcurrido y la necesidad de transparencia, decidieron hacer pública la información.
Por su parte, la Fiscalía confirmó la existencia de una causa penal en curso relacionada con la denuncia, aunque precisó que la investigación aún se encuentra en una etapa preliminar.
El fiscal regional subrayó que el manejo reservado es habitual en estos casos y aseguró que un equipo especializado trabaja activamente en la investigación.
Finalmente, el abogado de Boric reafirmó que el mandatario rechaza categóricamente las acusaciones y confía en que las instancias judiciales correspondientes probarán la veracidad de sus argumentos.