A pesar de las denuncias por aprietes, coimas y abuso de la autoridad que ensucian la causa que investiga al juez Walter Bento, el diputado Pablo Tonelli pidió el desafuero del magistrado y la suspensión de su cargo. De esta manera, vuelve a quedar en evidencia el intento de la mesa judicial del macrismo de ir por el juzgado federal Nº 1 de Mendoza en un proceso cargado de irregularidades.
En los últimos días, la investigación desarrollada por la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, a cargo del fiscal Dante Vega, sumó nuevas singularidades. La ciudadana chilena Rosa Isabel Fernández Morales, ciudadana chilena investigada en la causa, denunció que un abogado oficial del fuero federal, Santiago Bahamondes, la obligó a declarar en contra de Jorge Miranda, uno de los letrados que están imputados en el expediente.
Fernández Morales aseguró que en mayo Bahamondes se comunicó con ella para decirle que iba a ser citada a declarar y que debía manifestarse en contra de Miranda. Después de preguntar acerca de los motivos de dicha orden, según consta en el escrito que presentó ante el Juzgado Federal 3, el letrado le dijo que “había pruebas” de que ella “había pagado por su libertad”, y que si declaraba lo que le indicaban se iba a “caer el juicio” y todos los involucrados “quedarían libres”.
Fernández Morales se negó a proceder de esa manera e insistió con su inocencia. Por el contrario, afirmó que nunca le pagó una coima a Miranda ni a un juez.
No se trata de la única irregularidad en la causa que investiga a Bento por supuestos ilícitos. Omar Rodríguez, otro de los imputados, denunció que personal de “la fiscalía” y “el fiscal” lo entrevistaron en el penal donde se encuentra detenido. Durante aquel encuentro le suministraron datos para construir un relato falso y le dijeron abiertamente que mienta sobre el pago de un supuesto soborno, a cambio de obtener la libertad.
Rodríguez denunció estos hechos el 3 de junio pasado, sin embargo, hasta el día de hoy, a causa de la complicidad y la presión de la mesa judicial, no pudo ratificar la denuncia y no hay investigación alguna en curso.
Estos hechos se suman a la denuncia del abogado Jaime Alba, uno de los señalados como integrante de la supuesta asociación ilícita que lideraba Bento. El hombre también presentó un escrito donde denunció al fiscal Vega y al juez Eduardo Puigdéngolas.
Alba aseguró que le ofrecieron arresto domiciliario a cambio de declarar como arrepentido contra Bento. Las maniobras son calcadas a la llamada “causa de los cuadernos”, donde el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli presionaban y amenazaban a cambio de declaraciones contra el kirchnerismo.
En ese sentido, el propio Bento denunció al fiscal Vega por abuso de poder: “Llegó a solicitar que archiven causas que lo pueden involucrar, dictaminando que son acusaciones falsas, cuando no debería haber tenido ni conocimiento de las mismas”.
Otra demostración de las irregularidades en torno a este caso es que Bahamondes, el abogado oficial designado a la mencionada Fernández Morales, mantiene una relación de amistad cercana con el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, Juan Ignacio Pérez Curci, quien fue funcionario de María Eugenia Vidal y nombró a dedo a Puigdéngolas en la causa que investiga a Bento.
“También se puede demostrar que aquí existe una mesa judicial por el hecho que Puigdéngolas fue puesto por Ernesto Sanz, ya que ejerce el cargo en San Rafael, ciudad donde vive Sanz”, aseguró Bento. Además, señaló que el fiscal Vega “engañó” al juez federal Juan Carlos Nacul en el marco de la investigación.
Las numerosas irregularidades tienen lugar en la justicia federal de Mendoza, tal como se explicita en la denuncia número 8472/2021. “Se denunció a Vega y a sus secuaces y el mismo Vega es quien tiene a cargo la investigación. Toda esta maniobra es para poder aplicar el método Bonadio sin ninguna garantía constitucional”, concluyó Bento.