En la comisión de Planeamiento también consideraron otras iniciativas.
Esta mañana, lunes 27 de junio, en el Anexo “Alfredo Palacios” realizó su reunión semanal la comisión de Planeamiento, presidida por su titular, Fabrizio Fiatti, de Arriba Rosario.
Entre otros temas los ediles iniciaron el análisis del mensaje del Departamento Ejecutivo que requiere la ampliación, sin final de obra de la denominada Torre Shopping, en Boulevard Rondeau 121.
Al plantear que se “empezara a verlo” -al expediente- el presidente de la comisión, Fiatti, indicó que “el emprendimiento tuvo 180 suscriptores, de ese total quedaron algunos que iniciaron o podrían iniciar demandas para ser indemnizados”.
Acotó que “ante ello se acordó un seguro de caución” y mencionó que allí intervendrá BMR Mandatos en un fideicomiso ante posibles daños y perjuicios, “del universo de personas que pueden reclamar”.
La concejala María Fernanda Gigliani, de Iniciativa Popular, quien recordó que en su momento había realizado una denuncia penal respecto al emprendimiento, indicó que “no hace mucho descubrí boletos de compraventa de quienes no compraron una habitación de un hotel, sino una vivienda”, por lo que calificó a la situación como “una gran estafa”.
En una nueva intervención el edil Fiatti hizo referencia a las firmas que estuvieron en la realización de la obra para llegar al actual “fideicomiso hotelero” y precisó que para poder hacer frente a esas eventuales indemnizaciones se contempla un fondo de 12.500.000 pesos.
Sostuvo la edila Gigliani que “hay un edificio de más” construido, en referencia a la mayor cantidad de pisos que los autorizados para dicha zona de la ciudad.
Indicó el concejal Fiatti que “se espera el aval político del Concejo para seguir” y mencionó que “el Departamento Ejecutivo trabajó mucho” en la búsqueda de una solución, “en una cuestión que en lo general no lo hace”. Resaltó que “es un caso muy particular”.
Se analizó extensamente y continuará en estudio un decreto presentado por el edil Miguel Ángel Tessandori y su par de bancada de Volver a Rosario, Valeria Schvartz, por el que se solicita numerosa información respecto al Servicio Público de la Vivienda y el Hábitat (SPVyH) en los últimos 10 años.
El concejal Fiatti, pidió una semana para estudiar el tema y dijo que “así como está, estoy en contra”.
El edil Alejandro Rosselló, de Unión Pro/Juntos por el Cambio, sostuvo que “no estoy de acuerdo” en no aprobar un pedido de informes.
El concejal Juan Monteverde, de Ciudad Futura, consultó “cuál es el argumento, cuál es la lógica” del pedido de informes.
Insistió el edil Fiatti en requerir una semana, mientras que por su parte, la concejala Verónica Irizar, del bloque Socialista, consignó que “todo lo relacionado a los fondos del SPV y H, está en las rendiciones de cuentas que envía el Ejecutivo”.
Sugirió que si se quería requerir una cuestión específica se lo podía plantear al Tribunal Municipal de Cuentas.
Asimismo se indicó que para contestar se debería afectar una importante cantidad de personal.
Entre otros aspectos en el proyecto que continuará en estudio se pide información sobre el “listado de los terrenos de dominio público o privado, ocupados por viviendas precarias que hayan sido liberados por el SPV y H”; familias afectadas en tal caso y listado de lotes de los terrenos urbanizados, viviendas semiterminadas o terminadas proporcionadas por el ente, en coordinación con los estados nacional o provincial.
Se consulta también sobre las instalaciones de carácter asistencial, cultural, educativo, deportivo, de seguridad y de saneamiento construidas por el Servicio Público de la Vivienda y el Hábitat o que el organismo haya contribuido a su ejecución.
De igual modo y, entre otros aspectos, se pregunta sobre propiedades en las que el SPV y H haya participado como locador, vendedor o comprador y sobre convenios suscriptos con entidades de los estados provincial o nacional o del ámbito privado vinculadas a la ejecución de viviendas.
Recibió despacho un mensaje del Departamento Ejecutivo respecto a la viabilidad patrimonial en un inmueble destinado a servicios de salud en Boulevard Oroño 866, propiedad del Sanatorio Parque, en el marco del Área de Protección Histórica Boulevard Oroño.
Se determinó a pedido del edil Monteverde que “su habilitación por parte de la Dirección General de Habilitaciones de Comercios, Industrias y Servicios quedará sujeta a la revisión y constatación del cumplimiento del cálculo de medios de escape” efectuado por pedido de la firma propietaria del inmueble.
Ante el pedido del concejal de Ciudad Futura, recordó el edil Fiatti que “exigimos que se cumplan con los medios de escape”.
Se otorgó en tanto proveído favorable y remitió a la comisión de Gobierno un mensaje respecto a transgresiones al Reglamento de Edificación en propiedad ubicada en Boulevard Oroño 1483, con similar texto que en el caso de Boulevard Oroño al 800.
Obtuvo igualmente despacho un pedido de una particular respecto a la subdivisión de un terreno en Pacto Federal 9192.
Continuarán en estudio los mensajes del Departamento Ejecutivo sobre modificación de normativas para los corredores avenida Alberdi-Boulevard Rondeau, y respecto al barrio Fisherton.
Se analizó y continuará su tratamiento en la comisión un mensaje del Departamento Ejecutivo sobre transgresiones al Reglamento de Edificación en una propiedad de avenida Batlle y Ordoñez 3636.
El concejal Monteverde recordó que en este caso había una denuncia penal por parte del municipio.
La edila Gigliani marcó que hubo “una violación de clausura, por lo que deberíamos buscar la forma de darle herramientas al Ejecutivo para sancionar este tipo de faltas, por sobre la denuncia penal” y agregó que “si tiene un permiso de edificación éste caduca y si no lo tiene que no lo pueda regularizar”.
Asimismo recordó que el Ejecutivo tienen la facultad de suspender la firma a los profesionales y mencionó que “en el Colegio de Arquitectos no hay una sanción del Tribunal de Ética” en éstos casos.
Continuará de igual modo en estudio un mensaje del Ejecutivo respecto a la contratación a través de concurso de precios para la adquisición de bienes y servicios para obras en barrios populares.
También se consideró y seguirá en análisis un decreto de la concejala Gigliani que encomienda al Departamento Ejecutivo que realice las gestiones necesarias a los fines de preservar y proteger el inmueble de Corriente 421, “donde funcionó durante más de 60 años el histórico Cine Imperial”, con grado de protección 2 B y que se evalúe la factibilidad de elevar su grado de protección a 1 A, protección integral directa.
En el proyecto también se propicia pedir información respecto a si “existe expediente iniciado a los fines de obtener permiso de demolición o de edificación”.