Hacia el inicio del encuentro, el edil explicó los alcances de su proyecto de ordenanza basado en el reclamo del sector que desde hace 71 años se sustenta mediante el pago de propinas a voluntad de los pasajeros que transitan por la terminal.
La reunión semivirtual que se coordinó desde el anexo Alfredo palacios, estuvo presidida por Verónica Irizar, del bloque Socialista; Caren Tepp, de Ciudad Futura-FSP; Andrés Giménez, de Unidad Ciudadana; Ana Martínez, de Juntos por el Cambio; Lisandro Zeno, del Partido Demócrata Progresista; y Toniolli.
Según apuntó Toniolli, la iniciativa que tiene como objetivo “terminar con la informalidad laboral que sufren los 68 maleteros” incluye la creación de un registro de trabajadores y la posibilidad de generar un convenio entre la Sociedad del Estado Terminal de Ómnibus Mariano Moreno y la coperativa para realizar capacitaciones permanentes que les perminan “jerarquizar su trabajo”, vinculadas a la problemática de la trata de personas, idiomas y primeros auxilios, entre otros cursos anclados en la atención.
“Y el corazón del proyecto –continuó– es que el convenio pueda sostenerse con la tasa de derecho por plataforma, unos 230 pesos, que las empresas pagan cada vez que entran a la terminal”.
“Nosotros no somos nadie. Si nos enfermamos, no tenemos obra social y nos morimos en la nada “, expresó con voz quebrada José Luis Donato uno de los trabajadores que impulsa la formación de una cooperativa que en estos momentos se encuentra tramitando su personería jurídica.
Y luego continuó con su relato: “Queremos ser alguien y ofrecer de nosotros para cambiar la terminal, queremos capacitarnos y profesionalizarnos. Mi padre murió sin ser nadie, lo comió una enfermedad y solo tuvo la solidaridad de sus compañeros, somos 68 familias”.
Otro de los trabajadores, un joven que estuvo presente en la reunión, reclamó “un mínimo de oportunidades para poder mejorar”.
Tepp agradeció a Toniolli “por haber permitido a su bloque acompañar la iniciativa” y se refirió a “la experiencia de la ciudad de Santa Fe que ya cuenta con una ordenanza de características similares”. Además, consideró que se debe contar con información sobre el porcentaje estimado por la tasa de 230 pesos, para calcular la contribución que podrían percibir los trabajadores.
Toniolli aclaró que “la herramienta de la cooperativa les permitirá poder acceder a las políticas públicas y salir de la informalidad en la que están”.
Por su parte, Irizar, los felicitó por el proyecto y la capacidad de organizarse y coincidió conque «una cooperativa es una formalidad que les permitirá salir de la absoluta informalidad» en la que se encuentran. “Nos emocionaste a todos –le respondió a Donato–Cada uno de ustedes debe tener una historia de lucha detrás, todos ustedes son alguien porque han trabajado duro para llegar hasta acá”, expresó.
También reconoció “la necesidad de analizar los aspectos jurídicos del proyecto para encontrar la mejor forma de garantizarlo”. Con respecto a la comparación con la terminal de Santa Fe, aclaró que en la capital provincial la empresa es privada mientras que la rosarina es una sociedad del Estado, por lo tanto, “hay que analizar bien» varios aspectos, entre ellos lo del contrato de adhesión.
La presidenta se comprometió a convocar a una audiencia con las autoridades de la terminal local, a fin de poder avanzar.
Luego del encuentro con los trabajadores se inició un debate con respecto a los proyectos que están en tratamiento sobre las aplicaciones virtuales y las cadeterías que están funcionando en la ciudad de manera irregular, sin habilitación.
Al respecto, Irizar informó lsobre una reunión que mantuvo con el equipo de asesores de Marina Magnani, de Unidad Ciudadana, quien propuso modificaciones al texto en el que se proponen unificar los proyectos presentados por distintos bloques.
Tepp se refirió a un anteproyecto elaborado por su grupo político y se manifestó a favor de “construir una ordenanza lo suficientemente sólida” en lo que respecta a la norma general de cadeterías ya que “esta es una oportunidad única”.
Y luego puntualizó: “Es importante que no se nos escape ningún elemento porque los que estamos intentando regular son bichos bastante difíciles de atrapar y siempre encuentran algún hueco para no entrar en la normativa o judicializar”.