Rívolo protagonizó un cruce con la jueza Capuchetti. Le advirtió que está pendiente un nuevo intento por recuperar información del teléfono del principal imputado, Fernando Sabag Montiel.
El fiscal federal Carlos Rívolo advirtió hoy que la investigación por el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner aún no está completa y, en consecuencia, no se encuentra en condiciones de ser elevada a juicio oral y público, tal como exigió la Cámara Federal a la jueza María Eugenia Capuchetti.
“Se están produciendo y llevaron adelante numerosas diligencias y medidas de prueba que esta Fiscalía consideró indispensables para el pronto avance y conclusión de la instrucción”, advirtió Rívolo, ante un planteo de la jueza para que formule la acusación para mandar la causa a debate.
Rívolo recordó que su fiscalía “solicitó realizar un nuevo peritaje sobre el teléfono celular secuestrado -ni más ni menos- que al imputado Fernando André Sabag Montiel al momento de su detención, instantes después de cometer el hecho por el que se encuentra procesado con prisión preventiva”.
“No puede ignorarse la importancia que reviste poder acceder al contenido de ese dispositivo en la etapa instructoria”, advirtió el fiscal.
Esta misma semana, el camarista Mariano Llorens había sentenciado que “luce inadmisible que no se haya elevado a juicio el hecho principal cuando la investigación a su respecto se encuentra agotada y con sus imputados en detención preventiva”.
Sus colegas Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia le imprecaron a la jueza que “frente a la situación de detención de los imputados y el estado de la investigación a su respecto, se proceda con la celeridad que el caso requiere a fin de avanzar en el estadio procesal”.
La jueza apuró a Rívolo para cumplir con el mandato de la Cámara, pero el fiscal le recordó “las condiciones particulares en que se encuentra ese teléfono celular, que podrían implicar su destrucción al intentar obtener sus registros”.
El teléfono fue bloqueado y luego “reseteado de fábrica” por la manipulación de efectivos de la Policía Federal y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria cuando estaba bajo la custodia del juzgado.
“Dadas las razonables inquietudes planteadas por la querella, se inició un proceso de búsqueda de una solución tecnológica que permita acceder al contenido de ese teléfono con el menor riesgo posible de tornarlo inutilizable para un eventual peritaje futuro”, describió Rívolo.
La fiscalía –añadió- está “a la espera de la información relativa a la posibilidad de realizar sobre el dispositivo celular del imputado un procedimiento conocido como ‘rooteo’ para lograr realizar una adquisición del tipo física, el costo que tendría el servicio, el procedimiento a realizar y las limitaciones y/o riesgos que éste podría conllevar, a efectos de evaluar su viabilidad y concreción en esta etapa del proceso”.
El fiscal recordó que en esta parte de la investigación “deben reunirse los elementos de prueba indispensables que habrán de ser valorados por esta parte al momento de formular un requerimiento de elevación a juicio”.
Rívolo tiene delegada la investigación porque así lo resolvió Capuchetti cuando fue recusada por la querella que representa a Cristina Fernández de Kirchner.
En ese contexto, el fiscal remarcó que “de no compartir las medidas de prueba, sus plazos de producción en la presente o aun discrecionalmente, (Capuchetti) se encuentra facultada para reasumir la investigación”.