Lucas Micheloud, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas, habló en el programa La Barra de Casal sobre el proyecto conocido como «ley de inviolabilidad de la propiedad privada», que el Senado trataría el jueves, y que según su análisis habilita una fuerte extranjerización de tierras y recursos estratégicos en el país.
Micheloud vinculó el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, visibilizado durante el Mundial —incluso con banderas en canchas de fútbol interpelando a legisladores en Rosario y a jueces en Córdoba—, con lo que describió como una indignación social más amplia frente a lo que ocurre en el Parlamento en torno a esta reforma. Para el abogado, si el reclamo de soberanía aplica a Malvinas, la misma lógica debería extenderse al resto del territorio nacional.
Consultado sobre el contenido del proyecto, Micheloud fue crítico con su denominación: sostuvo que el nombre «ley de inviolabilidad de la propiedad privada» es, a su criterio, un eufemismo, dado que ese derecho ya está garantizado por la Constitución Nacional. Según su lectura, el corazón de la reforma es una modificación a la ley de tierras vigente, que eliminaría el tope actual a la extranjerización en zonas de frontera y en territorios con cuerpos de agua, además de levantar los límites hoy vigentes: 15% de la superficie total del país, 30% por nacionalidad y un máximo de 1.000 hectáreas por persona extranjera. Micheloud remarcó que Argentina ya tiene cerca de 15 millones de hectáreas en manos extranjeras —alrededor del 6% del territorio—, y que esas tierras suelen coincidir con recursos estratégicos: mencionó como ejemplo la propiedad del empresario británico Joe Lewis, que incluye un lago dentro de sus tierras. Según el abogado, la reforma incluye además otros cambios menos visibilizados: modificaciones a la ley de manejo del fuego —que, denunció, habilitarían la especulación inmobiliaria en tierras incendiadas—, un mayor margen para desalojos exprés, y cambios en el régimen de expropiación.
Micheloud enmarcó esta reforma dentro de un conjunto más amplio de medidas, entre ellas el llamado «super RIGI», que a su entender busca dar estabilidad jurídica por 30 años a grandes inversiones extranjeras. Como ejemplo de este tipo de interés, mencionó la visita de Peter Thiel, cofundador de PayPal y accionista de Meta, quien según indicó adquirió una propiedad valuada en 12 millones de dólares en el país y estaría a la espera de una eventual flexibilización para adquirir extensiones mayores de tierra destinadas a centros de datos, infraestructura que —explicó— requiere grandes superficies, mucha energía y agua para su funcionamiento y refrigeración. Citó como dato que, en 2025, el consumo energético conjunto de desarrolladores de inteligencia artificial como Google y Meta equivalió al consumo anual de toda Francia. Micheloud también mencionó, en el mismo paquete legislativo, una reforma a la ley de sociedades que habilitaría sociedades operadas por algoritmos, y recordó la reciente modificación a la ley de glaciares, que —según su lectura— habilitó la actividad de cinco proyectos mineros en zonas de nacientes de ríos.
Cómo regula este tema el resto del mundo
Consultado por la legislación comparada, Micheloud sostuvo que la tendencia internacional va, en general, hacia una mayor regulación: mencionó que Brasil exige a las grandes empresas de infraestructura tecnológica garantizar su propia generación energética, preferentemente renovable, además de contar con autorizaciones específicas para el acceso al agua. Señaló que Europa avanza hacia regulaciones cada vez más estrictas, y que incluso en Estados Unidos —país que citó como ejemplo de mercado más liberal— algunos estados exigen estudios de impacto ambiental y autorizaciones hídricas especiales para este tipo de emprendimientos, con restricciones particulares en zonas de frontera y cuencas hidrográficas, variables según cada estado.
Sobre las chances de aprobación del proyecto, Micheloud indicó que, según la información disponible al momento de la entrevista, el oficialismo continuaba negociando modificaciones con la oposición dialoguista para intentar reunir los votos necesarios. Denunció que la única modificación conocida hasta ese momento —elevar el tope nacional del 15% al 25%— resultaría, a su criterio, insuficiente y hasta engañosa, ya que ese porcentaje se calcularía como promedio provincial, sin contemplar que en 36 departamentos del país ya se supera ese límite vigente, con casos como Lácar (54%), San Carlos (cerca del 60%) o Campana, en la provincia de Buenos Aires (cerca del 50%), este último por su acceso a la cuenca del río Paraná. Mencionó también el caso de Misiones, donde la empresa forestal chilena Arauco sería propietaria del 80% de las tierras rurales de una localidad, según indicó, al punto de que el propio intendente debería gestionar autorizaciones con la empresa para acceder a tierras destinadas a un emplazamiento industrial. Pese a este panorama, Micheloud se mostró optimista de cara a la votación del jueves, en la que se espera una movilización en distintas ciudades del país —incluidas Rosario y la ciudad de Santa Fe— frente al Congreso y otros puntos, para reclamarles a los senadores que rechacen la reforma.