Martínez de Giorgi pidió a los registros de la propiedad inmueble de Capital Federal y provincia de Buenos Aires que informen las “búsquedas nominativas en el período comprendido entre los años 2017 y 2019”.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó una serie de medidas de prueba para determinar “los hechos desplegados en perjuicio de Pablo Moyano y Hugo Moyano”, los sindicalistas del gremio de Camioneros que denunciaron maniobras de espionaje ilegal en su contra.
El juez hizo lugar a un pedido del fiscal Franco Picardi y reclamó “a los registros de la propiedad inmueble” de Capital Federal y la provincia de Buenos Aires que informen todas aquellas búsquedas nominativas que se registren” en relación con los Moyano “en el período comprendido entre los años 2017 y 2019”.
El fiscal consideró que “dichas diligencias resultan imprescindibles para el adecuado conocimiento de aristas específicas de los hechos desplegados en perjuicio de Pablo Moyano y Hugo Moyano”.
Al mismo tiempo, el juzgado insistió ante las empresas de telefonía móvil AMX S.A. (Claro) y Telefónica Argentina S.A. (Movistar) para que informen “todos aquellos registros de titularidades, correspondientes a líneas activas entre los años 2017 y 2019, pertenecientes a los ex agentes de la AFI Juan José Baric, Leandro Borghetti, Fernando Rodrigo Manzanares, Andrés Patricio Rodríguez, Fernando Gustavo Whaler, Claudio Héctor Marcus, Emiliano Darío Picabea, Sebastián Alejandro Iglesias y Alan Flavio Ruiz.
Esos pedidos ya habían sido formulados el 19 de agosto de 2022, pero las empresas de telefonía nunca los respondieron, según se desprende del expediente. Baric fue subsecretario de Políticas Penitenciarias durante la gestión de María Eugenia Vidal como gobernadora bonaerense y ahora es juez federal de La Pampa.
A él se le reprocha “haber presuntamente acordado con la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) cablear una alcaidía penitenciaria a la que se decía que podían ser trasladados (…) Hugo y Pablo Moyano si eran detenidos”.
Borghetti era director provincial de Alcaidías del Servicio Penitenciario Bonaerense y Fernando Manzanares era el auditor general del Servicio Penitenciario y hombre cercano al ex ministro de Justicia Gustavo Ferrari.
El subprefecto Andrés Patricio Rodríguez fue trasladado desde el Servicio Penitenciario Bonaerense a la Dirección de Inteligencia de la Subsecretaría de Política Penitenciaria del entonces Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires.
Fernando Gustavo Whaler fue jefe de operaciones técnicas de la AFI y describió cómo fue el “cableado” (colocación de micrófonos y cámaras) en la alcaidía de la cárcel de Melchor Romero.
Claudio Héctor Marcus, Sebastián Alejandro Iglesias y Claudio Héctor Marcus integraban el área de Operaciones Técnicas de la Dirección Operacional de Contrainteligencia de la AFI y se identificaban como miembros del Ministerio de Justicia de la bonaerense. Todos reportaban a Alan Ruiz, quien invocaba ante ellos que respondía a la subdirectora de la AFI, Silvia Majdalani.