AFIP: detectó 920 casos de explotación laboral en dos años

El organismo tributario realizó 56 operativos e inspeccionó a 110 contribuyentes. El trabajo rural, con el 40% de los casos, encabeza la actividad con más sumarios por irregularidades, seguido por la industria textil, que alcanzó el 14%.

 

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social, logró visibilizar 920 casos de trabajadoras y trabajadores con indicios de explotación laboral en poco más de dos años, informó este sábado el organismo tributario.

En total se llevaron a cabo 56 operativos, donde se inspeccionaron a 110 contribuyentes, precisó el comunicado de la AFIP.

“Sólo el trabajo registrado le garantiza sus derechos a los trabajadores y las trabajadoras. En el siglo XXI, no puede existir trata laboral en la Argentina”, afirmó Carlos Castagneto, al evaluar los resultados realizados por el área de Coordinación contra el Trabajo Ilegal, creada por el titular de la AFIP cuando se desempeñaba como director general de Recursos de la Seguridad Social.

La cosecha de papas y la horticultura, cada una con el 20% de los casos, son las ramas productivas en las que se detectaron más situaciones con indicios de explotación laboral, seguidas por el rubro textil, con el 14%.

La trata de personas con fines de explotación laboral es un delito llevado a cabo mediante mecanismos de captación, traslado y acogimiento de las futuras víctimas. Algunos indicios que marcan posibles casos de trata y explotación son: engaños en materia de captación y condiciones laborales, haberes por debajo del Salario Vital y Móvil, jornadas extensas que superan lo permitido por la Ley de Contrato de Trabajo, precarias condiciones de seguridad e higiene, cobro o descuento en salarios en concepto de traslados, servicios ligados a la vivienda y consumos de las personas afectadas, libertad de movimiento restringida ya sea de forma directa o indirecta, como por ejemplo a través de la sustracción de documento de identidad y falta de pago en efectivo, e imposibilidad de comunicación externa.

“Es importante aclarar que una vez identificados estos casos, la AFIP da intervención a la Justicia Federal a través de denuncias telefónicas realizadas in situ desde el lugar en dónde se detectan situaciones que podrían encuadrarse como de explotación laboral. Cumplido este paso, será la justicia la encargada de activar los protocolos del Programa Nacional de Rescate”, precisó el organismo recaudador.

Desde el 2020 se recibieron más de 3.800 llamadas, de las cuales más de 85 fueron canalizadas como denuncias por trabajo ilegal.

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