Alicia Bernal, ahorrista damnificada de Bauen Pilay, habló en La Barra de Casal sobre el incumplimiento de la empresa, que no entrega los departamentos de sus planes de ahorro para la vivienda tras 20 años de cuotas, y pidió la intervención de todos los niveles del Estado.
Bernal explicó que Bauen Pilay funcionaba como un círculo de ahorro para la vivienda: 240 cuotas a lo largo de 20 años, indexadas por el índice de la construcción, con 20 círculos de entre 500 y 1.500 personas cada uno. Ese ingreso mensual, dijo, debería haber alcanzado para construir y entregar los departamentos a quienes iban terminando. Ella paga hace 17 años, y calcula que alrededor de 15.000 personas están perjudicadas. Aclaró que la empresa, que es una UTE de tres firmas, “cumplió durante mucho tiempo”, por lo que se pregunta qué se hizo con el dinero. Hoy, a quienes terminan de pagar, la compañía les ofrece un terreno, por ejemplo en Ibarlucea, valuado en 25.000 dólares, cuando un plan terminado representó un ahorro de unos 138.000. Y desde mayo ni siquiera hay adjudicaciones forzosas, algo que antes se hacía en zonas como Los Pasos, en el límite entre Fisherton y Funes.
Sobre el contexto, contó que hay muchas acciones civiles en curso, algunas con resultados favorables en primera instancia para los ahorristas, y también denuncias penales en Rosario y Santa Fe, una de ellas en una fiscalía de delitos económicos. Quienes aún no terminaron de pagar quedan en una situación límite: no pueden judicializar, pero si dejan de pagar caen en incumplimiento y pierden el plan. Su grupo de autoconvocados recorrió el camino legislativo: el Concejo Municipal aprobó un registro en la Oficina Municipal del Consumidor, (en Córdoba 800, al que invitó a inscribirse a todos los afectados). Hay un proyecto provincial del diputado Oliver y otro a nivel nacional, ya que también hay damnificados en Entre Ríos y Córdoba. Además, apuntó a la falta de control estatal: los planes de ahorro estaban previstos para autos y no para viviendas, y la Inspección General de Justicia intimó a la empresa a cesar esa operatoria, pero recién en 2018, tras una apelación que tardó ocho años en resolverse, dejó de venderlos y pasó al fideicomiso financiero.
Para Bernal, la magnitud del problema lo convierte en un tema público, porque “no se trata de una licuadora que salió mal”, sino en muchos casos de la vivienda única. Pidió que el Estado se haga cargo, proteja al consumidor frente a una empresa poderosa y obligue a Bauen Pilay a explicar su situación y qué piensa hacer. Mientras tanto, insistió en que van a pelear “con las herramientas y recursos que tenemos” para que se cumpla el contrato.