Alejandro Sortino, delegado de ATE en IOSFA, habló en el programa La Barra de Casal y advirtió que la disolución de la obra social de las Fuerzas Armadas dejará sin empleo a unos 1.500 trabajadores en todo el país, con el cierre de las delegaciones rosarinas.
El delegado explicó que el Gobierno liquida el IOSFA y crea una estructura nueva, la OSFA, que funcionará con apenas mil trabajadores, frente a los 2.450 que tenía el organismo. El mensaje de desvinculación llegó el fin de semana, a las 12 de la noche a cada empleado, informando que no se les renovaba el contrato. En Rosario quedarán afuera 60 personas, y se cerrarán la farmacia, la delegación de atención al público y el centro de auditoría.
Sortino remarcó que se trata de trabajadores que durante 20 años estuvieron con contratos anuales sin ser pasados a planta, y que ahora quedan sin ningún reconocimiento ni indemnización. Entre ellos hay sostenes de familia, personas con hijos con discapacidad y trabajadores de 50 a 55 años que no saben dónde conseguir empleo. El propio Sortino, de planta permanente, será puesto a disponibilidad y prevé que luego también lo den de baja.
Sobre el contexto, el delegado recordó que el IOSFA fue la tercera obra social más grande del país, con 600.000 afiliados cuando agrupaba a fuerzas armadas y de seguridad. Con la división que separó a Gendarmería y Prefectura (a quienes se les dio una prepaga) de las Fuerzas Armadas, comenzó, según dijo, “una debacle de decisiones políticas y administrativas”. Aseguró que en 2023 los balances aprobados por el directorio, integrado por militares, mostraban una obra social equilibrada, y que luego se tomaron préstamos millonarios, entre ellos uno de 40 mil millones. Además, los militares estuvieron unos 20 días sin cobertura en Rosario y la situación todavía se está regularizando de a poco. La centralización en Buenos Aires, con trámites por token o aplicación, complicará a los afiliados, en especial a pensionadas y adultos mayores, que hasta ahora recibían acompañamiento presencial.
Sortino pidió al ministro de Defensa que “recapaciten” y que al menos se mantenga una delegación en Rosario, dada la complejidad y la calidad prestacional de la ciudad, a la que acuden afiliados de otras zonas. Los trabajadores irán a la Justicia por el reconocimiento de la relación laboral, pero advirtió que quedarán sin ingresos hasta que haya resolución.