Los empresarios vendieron TRI-ECO al grupo Stericycle y después adquirieron el 90% de MEDAM. Una actuación fiscal reúne información sobre servicios y proveedores hospitalarios.
Los hermanos Gustavo Gabriel y Fernando Javier Mauro y el empresario Gustavo Osvaldo Solari vendieron TRI-ECO al grupo Stericycle en 2013 y adquirieron siete años después el 90% de MEDAM B.A. S.R.L., otra sociedad de su estructura argentina. Ese recorrido empresarial forma parte del contexto de un sector cuyos contratos y operadores aparecen en requerimientos de información de la fiscalía ambiental.
Stericycle reconoció en 2022 un esquema de sobornos para obtener o conservar negocios en Argentina, Brasil y México. El antecedente corporativo está documentado, aunque no atribuye por sí solo responsabilidad personal a quienes vendieron o adquirieron participaciones en sus sociedades.
La documentación argentina permite avanzar sobre una pregunta diferente: qué información reúne el Estado sobre las empresas que contrata y cómo verifica los servicios de retiro, transporte y tratamiento de residuos hospitalarios.
En la actuación 4398/2026, la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental (UFIMA) solicitó identificar operadores, establecer la procedencia de los residuos y reunir contratos y órdenes de compra. Salud bonaerense respondió en septiembre con documentación de sus contrataciones de 2025 y 2026.
De las transferencias societarias a los contratos
El expediente de concentración económica de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia registra el cierre de la venta de TRI-ECO al grupo Stericycle el 30 de septiembre de 2013. Identifica como vendedores a los hermanos Mauro y Solari.
El segundo extremo aparece en el Boletín Oficial del 22 de febrero de 2021. Una cesión instrumentada el 3 de agosto de 2020 dejó a cada uno con el 30% de MEDAM: el 90% en conjunto. Esa distribución acredita una transferencia histórica, no la propiedad actual de la sociedad. cndc.produccion.gob.ar
La coincidencia de nombres permite reconstruir continuidades empresariales. Para establecer su relación con contrataciones específicas, sin embargo, hacen falta las órdenes, las sociedades adjudicatarias y los períodos correspondientes.
Los pedidos fiscales abordan precisamente otra dimensión del sector: quiénes prestaron servicios, qué residuos recibieron y qué documentación contractual respaldó esas prestaciones. Los registros disponibles no permiten afirmar que todos los contratos de MEDAM o de los tres empresarios estén comprendidos en la actuación.
Qué solicitó la fiscalía
La respuesta administrativa bonaerense, fechada el 22 de septiembre de 2026, reproduce un requerimiento para identificar empresas dedicadas a la gestión o disposición final de residuos patogénicos, con razón social, CUIT y domicilio.
También reseña pedidos para determinar de qué jurisdicciones y establecimientos sanitarios procedían los residuos tratados y remitir contratos y órdenes de compra desde enero de 2025. El Ministerio de Salud de la Nación figura como denunciante.
La documentación menciona al Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur —Inareps—, al Hospital Baldomero Sommer y al Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas.
Un oficio del 1 de julio de 2026, registrado con el mismo número de actuación, solicita además información sobre la inscripción de esos establecimientos como generadores de residuos peligrosos y, para los casos afirmativos, cantidades mensuales generadas desde junio de 2025.
Los papeles presentan una diferencia de carátulas: el oficio fotografiado menciona a los hospitales Laura Bonaparte y Ramón Carrillo, aunque consulta por Inareps, Sommer y Posadas; la respuesta provincial reproduce una carátula con estos últimos tres establecimientos. La documentación disponible no explica esa divergencia.
Los ocho proveedores informados
Salud bonaerense respondió con un relevamiento de sus contrataciones e informó que remitió archivos correspondientes a 2025 y 2026, elaborados a partir del Sistema Informático para la Adquisición y Contrataciones Hospitalarias, además de órdenes de compra.
La nómina identifica a Hábitat Ecológico S.A., Desler S.A., Lamcef S.A., Sistemas Ambientales S.A., Bahía Ecológico S.A., Traeco S.A., R.C. Radiología Castelar S.R.L. y Orzusa Karina Edith.
La cartera aclaró que se trata de proveedores surgidos de las compras relevadas y no de un registro exhaustivo de operadores habilitados. La inclusión en ese listado tampoco equivale a una imputación.
Hábitat Ecológico aporta una conexión documental con el antecedente internacional: la acusación estadounidense de 2024 contra el exdirector financiero regional Abraham Cigarroa Cervantes identifica a esa sociedad y otras entidades afiliadas dentro de la estructura histórica denominada “Stericycle Argentina”. Esa referencia no permite trasladar sus señalamientos a los otros proveedores bonaerenses. www.justice.gov
Dónde están los registros de control
La respuesta provincial distingue la contratación de servicios de la habilitación y fiscalización ambiental de sus prestadores. Salud sostuvo que la información general sobre operadores, transportistas, instalaciones y tecnologías autorizadas corresponde a la autoridad ambiental provincial, sin perjuicio de sus competencias sanitarias. Un pase de manos en las responsabilidades. Las autoridades dicen que no pueden ahora emitir opinión porque hay una causa abierta y sumarios internos.