Federico Lifschitz, concejal de Rosario, habló en el programa La Barra de Casal sobre el proyecto de ordenanza que envió la Intendenciay pidió adherir a la ley provincial y eliminar toda posibilidad de excepciones.
Para el edil, el principal problema del texto enviado por el oficialismo, es que habilita excepciones de manera subjetiva y discrecional por parte del Ejecutivo. “Con el proyecto tal como está, un futuro intendente podría autorizar la actividad sin pasar por el Concejo”. El concejal lo define como una legalización encubierta y sostiene que sería un retroceso en un tema que costó mucho a la ciudad tras más de 20 años de debate. Aclaró que ya hay pedidos de excepción, pero que una cosa es que el Concejo pueda rechazarlos y otra dejar esa puerta abierta en la norma.
Lifschitz cuestionó también otros puntos. Consideró que aumentar las multas de 400 a 900 mil pesos carece de sentido, porque se aplicarían a personas insolventes que no van a pagar. Dijo además que la facultad de un inspector de llamar a la policía ante un cuidacoches no hace falta plasmarla en una ordenanza, ya que cualquier vecino puede denunciar al 911. Atribuyó el texto al apuro por sancionar algo antes de que termine el año legislativo, cuando quedan tres o cuatro sesiones, y dijo que faltó un ida y vuelta con el interbloque. Aseguró que otros concejales de Unidos comparten sus observaciones y que se conversó en el interbloque.
Lo que plantea el concejal, es adherir a la ley provincial y prohibir a los cuidacoches en toda la ciudad, sin excepciones. Cree que las modificaciones son de sentido común y que el proyecto puede sancionarse en las próximas semanas. Propone mantener las herramientas de inserción laboral y capacitación, pero distinguir entre quien trabaja de buena fe y sin conflictos con los vecinos, y quien tiene antecedentes, extorsiona o integra una organización. A estos últimos los considera delincuentes que deben estar detenidos.