Tras largos meses en Brasil luego de un viaje vacacional y un hecho que cambió su vida por completo, la abogada argentina Agostina Páez volverá a la Argentina tras el fallo judicial que le permitirá resarcimiento mediante la acción de tareas comunitarias y una suma económica que deberá abonar de 40 mil dólares a cada una de las víctimas que denunciaron los gestos raciales de la condenada.
En diálogo con el programa La Barra de Casal, su padre Alejandro, describió el proceso como “una situación tan injusta” que alteró por completo la vida familiar y brindó detalles contextuales de los que le tocó vivir en el vecino país «sin terminar de comprender porqué el caso tomó tanta trascendencia y por que se ensañaron de la manera en que lo hicieron con su hija».
Mariano Páez explicó que durante las audiencias se evidenciaron contradicciones entre los testimonios de los empleados del lugar donde ocurrió el hecho. Estas inconsistencias resultaron determinantes para el fallo judicial, que redujo significativamente la gravedad de la acusación inicial. Además, señaló que la fiscalía no se opuso a la resolución, lo que considera un punto clave para destrabar la situación. Ahora, resta la confirmación formal por parte del juez, junto con el cumplimiento de cuestiones protocolares antes del regreso de Agostina al país.
Un elemento clave en la causa fue la aparición de un video del bar donde ocurrieron los hechos, material que inicialmente no había sido entregado. Según la familia, esta prueba permitió esclarecer aspectos fundamentales del episodio.
Páez fue contundente al señalar que, si bien su hija reconoce que el gesto realizado fue incorrecto y ofreció disculpas públicas, considera que hubo una construcción exagerada del caso. “Era como algo armado realmente”, afirmó, insistiendo en que la reacción de Agostina se produjo en un contexto previo de provocación.
Durante este proceso, Agostina debió recibir tratamiento psiquiátrico y psicológico, en medio de un contexto de aislamiento y presión constante. Su padre reveló que incluso tuvieron que trasladarse a un barrio cerrado por razones de seguridad, debido a amenazas recibidas.