El organismo presume que la oleaginosa iba a contrabandearse al Brasil.
Por Noticias Argentinas/LT3
Casi 400 toneladas de soja fueron secuestradas a partir de allanamientos y procedimientos realizados en el noreste del país, que fueron ordenados por la Justicia Federal de Resistencia, informó la AFIP.
La tarea de investigación de AFIP -a través de la DGI y de la Aduana- logró que se detectara que el 71% de las cartas de porte electrónicas con destino a la provincia de Misiones fueran anuladas.
En el marco de la causa instruida por el Juzgado Federal de Resistencia, a cargo de Zunilda Niremperger y la Fiscalía Federal de esa ciudad chaqueña, se desarrollaron allanamientos simultáneos en las localidades misioneras de El Soberbio, 2 de Mayo y San Vicente, con la intervención de Gendarmería Nacional y la Dirección General de Aduanas.
Las acciones desplegadas permitieron el secuestro de 380 toneladas de soja, parte de las cuales estaban acondicionadas en el interior de depósitos en bolsas de 50 kilos y el resto sobre medios de transporte que se dirigían hacia localidades ubicadas en la costa del Río Uruguay, en la frontera con Brasil, detalló la AFIP.
El organismo indicó además, en un comunicado, que el ingreso de grandes cantidades de granos -especialmente poroto de soja- a la provincia de Misiones, un distrito que no registra grandes volúmenes de demanda de la oleaginosa, “hace presumir que el producto ingresa al territorio aduanero para luego salir de contrabando hacia Brasil”.
“Tenemos una clara decisión desde la Aduana de luchar contra esta maniobra que genera importantes perjuicios a la economía nacional, posibilitando de esta manera el desarrollo de mercados informales e ilegales que sin duda damnifica a la industrial nacional y al empleo argentino”, resaltó el director general de Aduanas, Guillermo Michel.
Asimismo, el titular de la AFIP, Carlos Castagneto dijo que “estos operativos apuntan a combatir daños directos que se cometen contra el Fisco, tal como la disminución de los recursos impositivos, la evasión tributaria, y el crecimiento de la informalidad en todos sus aspectos. En este caso, estamos hablando de un valor final que supera los $23 millones”.