El director ejecutivo de la Cámara de Centros de Inspección Vehicular de Santa Fe, Carlos López, expresó su preocupación por la reciente resolución del Gobierno Nacional que reglamenta el Decreto 196 y habilita a talleres mecánicos, concesionarios e importadores a realizar revisiones técnicas vehiculares.
Según explicó en el programa La Barra de Casal la principal objeción radica en que estos actores podrían emitir diagnósticos sobre el estado de un vehículo y, al mismo tiempo, ofrecer las reparaciones o vender los repuestos necesarios para solucionar las fallas detectadas. “Hay intereses contrapuestos”, sostuvo López, quien consideró que este esquema vulnera la independencia e imparcialidad que debe tener un sistema destinado exclusivamente a evaluar las condiciones de seguridad de los vehículos.
López remarcó que los centros de inspección vehicular cuentan con una actividad única y exclusiva: realizar revisiones técnicas. Esa especialización, afirmó, es precisamente la garantía de objetividad que respalda el sistema. En contraste, señaló que un taller mecánico o una concesionaria podrían verse beneficiados económicamente por los resultados de la inspección, ya sea mediante la venta de repuestos, la realización de reparaciones o incluso la comercialización de un vehículo nuevo.
“Quien da ese diagnóstico tiene intereses contrapuestos”, insistió, argumentando que eso afecta la credibilidad y el valor técnico de la revisión.