El gobierno nacional envió al Senado un proyecto para derogar la Ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, conocida popularmente como la ley de etiquetado frontal. Isidro Blanco, abogado y coordinador de incidencia política de la organización socioambiental Consciente Colectivo, dialogó en el programa Digamos Todo para explicar el alcance de la medida, los argumentos oficiales y las acciones que está tomando la sociedad civil para resistirla.
Blanco fue directo al explicar la gravedad de lo que está en juego: no se trata de una reforma ni de una mejora de la norma, sino de su eliminación total. El proyecto, que ingresó formalmente para comenzar su debate en el Senado, lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Salud Mario Lugones.
Según el abogado, la derogación implicaría dejar de ver en los productos todos los sellos octogonales que advierten sobre excesos de nutrientes críticos asociados a enfermedades crónicas no transmisibles, que son la principal causa de muerte en el país. Pero el impacto va más allá de los octógonos: la ley también regula los entornos escolares saludables, las compras públicas del Estado y la publicidad, promoción y patrocinio de productos con sellos dirigidos a niñas y adolescentes. Si cae la ley de etiquetado, caen todos esos puntos con ella.
En los fundamentos del texto oficial, el Ejecutivo asegura que tras su período de aplicación se detectaron «diversas limitaciones técnicas, regulatorias, operativas y también económicas» que justifican dar marcha atrás con la normativa. Los argumentos centrales giran en torno a que la ley frena la producción, la competencia y las ventas de la industria alimentaria. Blanco, sin embargo, señaló que detrás de esos argumentos hay un sesgo ideológico vinculado a la política de desregulación del gobierno, y recordó que la ley ya había sido modificada en 2024 mediante dos disposiciones del ANMAT.
Uno de los fundamentos que incluye el proyecto de Milei es la necesidad de armonizar el etiquetado dentro del bloque regional. Blanco aclaró que esas negociaciones ya estaban en curso de manera paralela en el MERCOSUR, con países como Argentina, Uruguay y Chile sosteniendo perfiles de nutrientes más exigentes que Brasil. La tensión en esas negociaciones radicaba precisamente en que parecía querer avanzarse hacia el modelo brasileño, más laxo. En ese contexto, el Gobierno Nacional aprovechó el impasse en las negociaciones para enviar el proyecto y forzar una convergencia hacia estándares más bajos.