El diputado nacional Diego Giuliano dialogó en La Barra de Casal sobre la resolución de la Secretaría de Transporte de la Nación que eliminó el fondo compensador para el transporte gratuito de personas con discapacidad, pacientes oncológicos pediátricos y trasplantados del INCUCAI. El legislador rosarino, con pasado en la conducción del transporte público, calificó la medida de hipócrita y anticipó que presentó un proyecto para dejarla sin efecto.
Giuliano fue preciso en señalar el sesgo geográfico de la decisión: la gratuidad del transporte de larga distancia para estos grupos es una necesidad que afecta principalmente al interior del país, donde los pacientes deben trasladarse a Buenos Aires para acceder a tratamientos especiales. En la Ciudad de Buenos Aires, donde las distancias son cortas y el transporte es otro, esta quita casi no se siente. «Es una medida muy porteña», señaló el diputado, porque la distancia no existe en la Capital, pero sí en las provincias.
El diputado nacional enmarcó la medida en lo que describió como una práctica sistemática del Gobierno Nacional: ante números que no cierran y una recaudación en descenso, el Ejecutivo recurre a eliminar financiamiento de servicios esenciales. Como señal de alerta, apuntó a que si bajan las importaciones —con fronteras abiertas— y baja la recaudación al mismo tiempo, el consumo está en el piso y la economía retrocede. En ese contexto, la caja de la zona fría primero y ahora los fondos compensadores del transporte fueron los primeros en ser vaciados.
El punto más fuerte del análisis del referente del Frente Renovador fue la distinción entre el derecho formal y su financiamiento real. Las tres leyes nacionales que garantizan la gratuidad del transporte —una para personas con discapacidad, otra para pacientes oncológicos pediátricos y otra para trasplantados— no fueron derogadas. El derecho sigue existiendo en el papel. Pero al eliminar el fondo compensador que lo sostiene, las empresas de transporte quedan sin compensación y trasladarán el costo a las tarifas, reducirán frecuencias o empobrecerán los servicios. «Continúa el derecho a la gratuidad, pero se quitó el financiamiento de ese derecho, y ese es el primer paso para eliminar el derecho», resumió.