Macri arremetió contra la justicia electoral mendocina

Walter Bento, juez federal con competencia electoral en Mendoza, fue imputado como presunto jefe de una asociación ilícita que cobraba coimas para beneficiar a acusados en causas por graves delitos federales, que involucraban grandes sumas de dinero. Su par de la ciudad de San Rafael, Eduardo Puigdéndolas, hizo lugar al pedido del fiscal general Dante Vega y ordenó la convocatoria para que preste declaración indagatoria.

Asimismo, el ex Presidente Mauricio Macri y su mesa judicial aceleraron la ofensiva contra el Juez Walter Bento. El ex mandatario busca asegurarse una buena elección en una de las pocas provincias que todavía gobierna Juntos por el Cambio.

El lugar donde se constituyo este nuevo caso de lawfare es en la Cámara Federal de Apelaciones, la cual toma un rol muy relevante. La cámara la ocupan todos hombres ligados al macrismo duro: Juan Ignacio Pérez Curci, ex subsecretario de justicia de María Eugenia Vidal en la Provincia de Buenos Aires, Manuel Pizarro y Gustavo Castiñeira de Dios, apadrinados por el radicalismo mendocino, y Alfredo Porras, viejo conocido del PJ mendocino, muy apuntado por sus zigzagueos políticos y sus vínculos con el PRO.

Pérez Curci fue quien nombró a dedo al juez de primera instancia, el Dr. Puigdengolas, designado por Ernesto Sanz, viejo alfil del macrismo en la provincia y en todo el entramado judicial.

Las maniobras de lawfare son evidentes: el mismo día en que el fiscal Dante Vega imputó con diversas irregularidades al juez Bento, la Cámara macrista elevó la causa al Consejo de la Magistratura, en una jugada demasiado evidente. De hecho, es público que un consejero manifestó el importante lobby de la mesa judicial para lograr la suspensión de Bento a pocos meses de las elecciones.