Roberto Rivero, director ejecutivo de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), habló en el programa La Barra de Casal sobre el cobro de una tasa de ingreso al tránsito pesado en Ramallo, que calificó de desproporcionada e inconstitucional.
En diálogo con Javier Arrizabalaga, Rivero explicó que el municipio de Ramallo aprobó, por decisión del intendente, el cobro a todo el tránsito pesado que ingresa a la localidad, a partir de un gravamen vigente desde 2002 que hasta ahora no se aplicaba de manera generalizada. La medida afecta al tramo de 5,1 kilómetros que une la Ruta 9 con la ciudad, por la Ruta Provincial 87, único acceso a Ramallo.
Según relató, la Federación se enteró de manera casi casual, cuando transportistas de Rosario y Zárate empezaron a alertar sobre la construcción de arcos similares a los de un peaje automático. Al indagar, comprobaron que el municipio había adjudicado el servicio por 20 años a una empresa privada, mediante una licitación privada que Rivero describió como «casi una adjudicación directa», sin ordenanza municipal de por medio. El monto varía según el destino, ya sea el parque industrial o directamente el puerto. Son 37.000 pesos en el caso base y hasta 25.000 pesos más si se suman otras instancias, además de un adicional del 2% para la carga de combustible. El entrevistado consideró la suma «absolutamente desproporcionada» y calificó de «pueril» la justificación oficial, que menciona corte de pastos, repavimentación y una playa de estacionamiento para camiones en espera, obras cuyo cumplimiento, advirtió, no hay forma de controlar. Para Rivero se trata de «aduanas interiores», un mecanismo que algunos municipios pretenden imponer de manera ilegal e inconstitucional.
Arrizabalaga recordó que, según un relevamiento de la Federación, el cobro por esos 5 kilómetros resulta más caro que el del puente Zárate-Brazo Largo. Rivero lo confirmó con un dato concreto: es un 120% más caro, cifra que, dijo, explica por qué usó el adjetivo «payasesco», ya que más allá de la motivación inconstitucional «la suma es ridícula».
El directivo subrayó que el transporte y la logística ya son caros en la Argentina, en algunos casos con fundamentos y en otros con argumentos débiles. En ese marco, la tasa encarece el servicio de manera innecesaria y con fines «absolutamente recaudatorios». El impacto es mayor porque Ramallo es una vía de salida al comercio exterior por el puerto de San Nicolás, y porque trasladar el costo a la tarifa no es sencillo cuando hay contratos firmados. Ante la consulta sobre si las terminales o los dadores de carga podrían absorber el costo, Rivero fue escéptico. Indicó que la logística funciona hoy bajo esquemas casi industriales, con penalidades contractuales y rutas en mal estado, y que el dador de carga puede alegar que el gasto quedó fuera de lo pactado. Además, advirtió que el caso no es aislado, ya que situaciones similares se repiten en otros lugares, como Pilar y San Isidro.
Frente a esto, desde FADEEAC enviaron dos notas, una al Ministerio de Economía y otra a la Secretaría de Transporte, para que las autoridades nacionales que promueven la competitividad tomen cartas en el asunto. La Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires y otros transportistas hicieron lo propio. Rivero aclaró que la Federación no tiene la representación jurídica de las entidades, por lo que no puede litigar, y anticipó que el caso probablemente termine con una acción individual y un juez que declare la norma inconstitucional. Aun así, insistió: «hay que pararlo de todas las maneras posibles».