Pablo Bolego, presidente de la Asociación de Transportistas de Personas con Discapacidad de Santa Fe y de la Federación Argentina de Transportistas para Personas con Discapacidad, habló con Javier Arrizabalaga en el programa La Barra de Casal y advirtió que el proyecto de presupuesto 2027 no incluye fondos para prorrogar la Ley de Emergencia en Discapacidad y, además, modifica una ley clave del sector.
Bolego relató que el miércoles anterior a la entrevista, tras la movilización del colectivo de personas con discapacidad y prestadores frente al Congreso, se logró el emplazamiento, es decir «de alguna manera darle plazo a la Comisión de Discapacidad y de Presupuesto para que elabore un dictamen en relación a la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad». Sin embargo, horas antes de esa sesión circuló el borrador del proyecto de presupuesto 2027 y allí el colectivo descubrió dos problemas: primero que no están previstos los fondos para garantizar la prórroga de la ley de emergencia el año próximo, y segundo, que el texto modifica la Ley 24.901, la norma que garantiza la accesibilidad a las personas con discapacidad.
Según explicó, la modificación afecta el nomenclador nacional, es decir, el piso básico que fija los montos de las terapias que necesita una persona con discapacidad. Al alterarlo, el Estado desregula ese esquema y traslada la negociación de los montos a cada persona con su obra social o con el prestador, algo que Bolego calificó como una medida «claramente regresiva» frente a una ley que calificó de «virtuosa», creada en 1997 por Esteves Boero y que hasta ahora permitió la inclusión, la rehabilitación y el acceso a las prestaciones de miles de personas.
Bolego recordó que la actual Ley de Emergencia en Discapacidad, que vence el 31 de diciembre, tampoco se cumple integralmente: el Poder Ejecutivo la vetó en su momento, el colectivo tuvo que trabajar para revertir ese veto en el Congreso, y aun así el cumplimiento posterior fue parcial y estuvo condicionado por intervenciones de la Justicia.
El impacto económico de esto ya es tangible: en todo el país cerraron sus puertas más de 50 instituciones grandes del sector, y en Rosario más del 40% de los transportistas dedicados a personas con discapacidad abandonaron la actividad. Como ejemplo de la pérdida de rentabilidad, mencionó que el combustible pasó de 328 pesos en diciembre de 2023 a casi 2.500 pesos, mientras que el arancel que reciben por sus servicios subió de 272 a apenas 900 pesos en el mismo período.
Consultado sobre los próximos pasos, Bolego explicó que la estrategia del colectivo pasa por seguir el proceso legislativo en torno al dictamen sobre la prórroga de la ley de emergencia, sostener la presencia en las calles —frente al Congreso y también en plazas de Rosario— y trabajar para que se eliminen del presupuesto los artículos que modifican la Ley 24.901. El objetivo, dijo, es que el presupuesto 2027 incluya los recursos para la prórroga de la emergencia y garantice la vigencia plena de esa ley madre.
Como dato que alienta esa expectativa, remarcó que el emplazamiento logrado la semana previa fue votado a favor incluso por legisladores de La Libertad Avanza, lo que evidencia, a su criterio, un consenso más amplio de lo esperado entre oficialismo y oposición en torno a la necesidad de sostener la ley. Por eso, se mostró esperanzado en lograr el objetivo, aunque anticipó que restan «muchos meses de trabajo» entre movilizaciones y reuniones con legisladores.