El diputado nacional Eduardo Falcone habló en el programa La Barra de Casal y advirtió que el protocolo militar incluido en el proyecto conocido como “ley Malvinas” no expresaba que para realizar una acción bélica había que requerir autorización del Congreso y por eso mismo han llamado la atención para que el texto incluya dicho postulado.
Falcone adelantó que el oficialismo aceptaría su pedido y explicó que el presidente había anunciado por cadena nacional un proyecto con sanciones comerciales y diplomáticas únicamente. Sin embargo, al llegar a Diputados, el texto incluye un protocolo militar con un Consejo de defensa, que escala hasta la posibilidad de derribar un avión hostil o hundir un buque hostil. Para el diputado, esas medidas deben contar con autorización del Congreso, como prevé el artículo 75 de la Constitución. Aclaró que no cuestiona el protocolo en sí, sino que cumpla con la Carta Magna, y que la ley “no es para Milei nada más”, sino para todos los presidentes que vengan.
Como contexto, recordó que en 1982 el Congreso no funcionaba y la decisión de Galtieri terminó en una guerra sin control institucional: “tuvimos un Galtierazo”. En esa línea el legislador planteó que hoy hay que evitar que cualquier presidente, con apremios económicos o políticos, repita algo así. Aclaró que no pide llamar al Congreso en medio de una amenaza, sino que, si no se puede antes, se informe y se autorice después, como ocurre en Estados Unidos con la War Powers Resolution, que da 60 días para cesar las acciones si el Congreso no las autoriza. Contó que discutió el punto en Twitter con Santiago Caputo, quien le objetó que era poco práctico, y que en el primer borrador se había incluido una comisión bicameral solo para informar al Congreso.
Falcone indicó que la Secretaría Legal y Técnica le comunicó el viernes que aceptaría su pedido y que cree que el dictamen oficialista del martes lo incorporará. El plenario de comisiones se reúne mañana y, según entiende, el oficialismo tendría los números para dictaminarlo.
Además, junto al diputado Zago de su mismo partido, planteó eliminar o modificar el artículo 111, que alcanza a quienes “manipulen la opinión pública con campañas de desinformación masiva contra el Estado argentino”, una redacción que consideró demasiado amplia y que podría afectar a periodistas, políticos o ciudadanos por sus opiniones. Fue claro en el orden de prioridades: primero evitar un desastre militar y luego los abusos contra quienes opinan.