Matías de Bueno, secretario del Área de Política Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario y presidente del Instituto de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados, habló en el programa La Barra de Casal sobre los nuevos focos de incendio registrados en las islas frente al cordón industrial, y explicó las causas, el estado de las denuncias judiciales y las perspectivas para los próximos días.
De Bueno expresó que, tras un período de merma, los incendios se intensificaron a partir del 1 de septiembre en una franja que va desde la altura de San Lorenzo hasta Ramallo, Villa Constitución y San Nicolás. Según detalló, en la primera semana de septiembre se quemaron unas 2.000 hectáreas, y el monitoreo actual arroja unas 600 hectáreas a la altura del cordón industrial norte, una cifra similar hacia el sur desde Villa Constitución, y alrededor de 100 hectáreas frente a la ciudad de Rosario.
El especialista atribuyó estas condiciones a un invierno muy húmedo —con el río a unos 3 metros de altura— que generó gran cantidad de biomasa, sumado a heladas posteriores que dejaron pastizal seco disponible como combustible. Si bien no puede determinarse con certeza la intención de quienes encienden el fuego, De Bueno señaló que se presume su uso para la limpieza de terrenos y para favorecer los rebrotes de pastizal propios de la primavera. El problema, indicó, es que el fuego suele escapar de ese objetivo inicial y avanza sobre los bosques de albardón en las islas, donde habitan animales que muchas veces no logran escapar, además de afectar la calidad del aire en la ciudad según la dirección del viento.
El factor Niño y la gestión del humedal
Consultado sobre la llegada del fenómeno de El Niño y las lluvias previstas, De Bueno consideró que representa un alivio parcial: los días lluviosos mantendrían húmedo el humedal y reducirían el riesgo de fuego. Sin embargo, advirtió que un régimen de precipitaciones excesivas —en un escenario que se perfila como «superniño»— también genera mayor cantidad de pastizal a futuro, por lo que el desafío pasará por cómo se gestionará esa vegetación.
En cuanto al trabajo técnico, precisó que el monitoreo se realiza principalmente a través de imágenes satelitales interpretadas por un equipo de investigadores de la Universidad, que elabora informes sobre la situación y las causas presumibles de cada foco, aunque remarcó que la universidad actualmente atraviesa un contexto de debilitamiento presupuestario, con casi un año sin cumplimiento del mismo, lo que hace que buena parte del trabajo dependa del aporte personal de los investigadores.
De Bueno confirmó que desde la Universidad se realizaron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Federal de Victoria, a cargo de la fiscal adjunta Roxana Lugrín, y que están preparando un informe más completo con la georreferenciación de todos los focos iniciados desde el 1 de septiembre, para facilitar las investigaciones judiciales. Finalmente expresó la expectativa de que, con mayor cantidad de material probatorio y experiencia acumulada, pueda identificarse en algún momento a los responsables y aplicarse sanciones ejemplares.