Una presentación judicial basada en la Ley Provincial sobre intereses difusos puso en discusión el avance del parque acuático que proyecta la Municipalidad de Rosario junto a la Provincia de Santa Fe sobre la costa norte de la ciudad.
En una entrevista en el programa La Barra de Casal, el abogado Ciro Bonomelli explicó los fundamentos del recurso impulsado por vecinos de la zona de La Rambla, quienes cuestionan la legalidad del procedimiento administrativo y la falta de instancias de participación ciudadana en el proyecto presentado.
Bonomeli aclaró que el reclamo judicial no busca discutir exclusivamente la construcción de un parque acuático, sino la manera en que se llevó adelante el proceso administrativo y el inicio de las obras. Según explicó, los representantes que impulsan la acción judicial —Pablo Gallardo y Marcelo Carrasco— sostienen que el proyecto afecta un espacio con fuerte valor patrimonial, identitario y ambiental para la ciudad. “El problema no es solamente si se hace o no un parque acuático, sino la forma inconsulta en la que se avanzó sobre un espacio que forma parte de una identidad local y nacional”, señaló el abogado.
El eje central de la presentación judicial apunta al decreto 715 y al proceso de licitación impulsado por el Ejecutivo municipal. Según Bonomeli, la Justicia deberá determinar si el municipio actuó conforme al ordenamiento administrativo local, provincial y nacional.
En ese sentido, sostuvo que, si el magistrado considera que el procedimiento no fue correcto, el municipio podría verse obligado a reformular todo el proceso administrativo antes de continuar con la obra. “Si la Justicia entiende que no se cumplió con las pautas de legalidad, el municipio tendrá que elaborar un procedimiento administrativo adecuado para garantizar una obra legítima”, explicó.