El diputado provincial Martín Rosúa habló en el programa La Barra de Casal sobre el nuevo paquete de medidas de seguridad que ingresó a la Legislatura santafesina impulsado por el gobierno provincial y explicó los principales alcances de la iniciativa. El legislador defendió las reformas impulsadas por el oficialismo y sostuvo que las nuevas herramientas buscan fortalecer la capacidad del Estado para combatir el crimen organizado y recuperar el control en los territorios más violentos.
Rosúa explicó que el proyecto enviado a Diputados contempla “cuatro instancias distintas”. Según detalló, la primera apunta a mejorar la capacidad de investigación; la segunda, a permitir que el Estado actúe con mayor rapidez frente al delito; la tercera, a fortalecer mecanismos de prevención; y la cuarta, a recuperar presencia estatal en zonas atravesadas por altos niveles de violencia.
El legislador remarcó que estas iniciativas complementan el trabajo legislativo realizado desde el inicio de la gestión provincial. En ese sentido, recordó las reformas al Código Procesal Penal y la aprobación de alrededor de doce leyes vinculadas a seguridad pública. Según afirmó, todas esas herramientas “ponen al Estado en el centro del combate con el delito” y priorizan “los derechos de la sociedad y de las víctimas por encima de los derechos de los delincuentes”.
Consultado sobre posibles resistencias ideológicas, especialmente desde sectores de centroizquierda, Rosúa señaló que el debate interno dentro de Unidos todavía no comenzó formalmente porque los proyectos acaban de ingresar a la Legislatura.
Entre las medidas contempladas, Rosúa destacó la posibilidad de avanzar con procesos penales en ausencia o rebeldía del imputado, permitiendo juzgar a personas prófugas. También mencionó un sistema de recompensas preventivas, orientado no solamente a esclarecer delitos ya cometidos sino también a prevenir hechos criminales antes de que ocurran.
Uno de los puntos más sensibles del proyecto tiene que ver con la posibilidad de realizar allanamientos urgentes en casos excepcionales únicamente con autorización del fiscal y con control judicial posterior. Rosúa defendió la iniciativa al señalar que permitiría actuar rápidamente ante determinadas situaciones, como encontrar a una persona armada en la vía pública. No obstante, reconoció que existen sectores que advierten posibles riesgos de inconstitucionalidad en algunos aspectos del proyecto.