La diputada provincial Lucila De Ponti, habló en el programa La Barra de Casal sobre la nueva ley que convierte a Santa Fe en la primera provincia del país en desarrollar una medición detallada del trabajo informal y sobre el fenómeno creciente del multiempleo.
La legisladora explicó que la iniciativa recibió media sanción de Diputados y luego fue convertida en ley en la última sesión del Senado provincial, encomendando por la misma al IPEC (Instituto Provincial de Estadística y Censos) la tarea de elaborar un mapa estadístico detallado sobre la composición del trabajo informal en Santa Fe. Según remarcó, hoy solo se cuenta con un dato agregado a nivel nacional y provincial —un 44% de informalidad, según el INDEC— sin mayor desagregación por edad, nivel educativo, género, modalidad de trabajo o rubro. Para la diputada, esa información resulta clave para diseñar políticas públicas efectivas, dada la heterogeneidad de situaciones que conviven bajo la categoría de «trabajo informal».
Consultada sobre si una misma persona puede combinar empleo formal e informal, De Ponti confirmó que sí, a través de lo que definió como multiempleo: un fenómeno en crecimiento vinculado a que, incluso con trabajo registrado, los ingresos de muchos trabajadores no alcanzan a cubrir el costo de vida, lo que los lleva a buscar un segundo empleo, generalmente informal, muchas veces a través de la economía de plataformas. La diputada distinguió dos problemáticas que, aunque se superponen, tienen orígenes distintos: por un lado, la informalidad estructural del mercado de trabajo, que se viene consolidando desde hace décadas; por otro, la pobreza laboral entre trabajadores registrados, un fenómeno más coyuntural que, a su criterio, debe resolverse mediante política económica y la revalorización de las paritarias como herramienta de protección salarial.
Consultada sobre las herramientas disponibles para que los trabajadores informales accedan a mayor protección, De Ponti aclaró que la provincia no tiene poder de policía para modificar de forma directa la normativa laboral de fondo, salvo en casos de trabajo no registrado dentro de empresas formalmente constituidas, donde el Ministerio de Trabajo sí puede intervenir. Remarcó que el universo de la informalidad incluye situaciones muy diversas —repartidores de aplicaciones, emprendedores, feriantes, cooperativistas de la construcción, entre otros—, cada una con necesidades distintas: mientras algunos requieren acompañamiento para acceder a algún tipo de registración, otros necesitan más bien respaldo financiero o mejoras de productividad.
Sobre las cifras actuales, De Ponti estimó que la informalidad alcanza al 44% de la población económicamente activa de la provincia, lo que equivaldría a entre 600.000 y 700.000 personas, un porcentaje similar al que se observa en el resto del país, con variaciones de algunos puntos porcentuales según cada provincia.