Santiago Barbarach, abogado y socio del estudio que representa a más de 30 damnificados por la concesionaria Rosario Motorsport, habló con en el programa La Barra de Casal y explicó qué implica el rechazo judicial del concurso preventivo y qué caminos legales se abren a partir de ahora.
Barbarach explicó que el concurso preventivo era la vía que había elegido la empresa para intentar resolver de manera pacífica y comercial las deudas y compromisos asumidos con sus clientes. Sin embargo, el juez rechazó esa apertura por considerar que Rosario Motorsport no cumplió con los requisitos que exige el artículo 11 de la Ley de Concursos y Quiebras, que obliga a la empresa a brindar información clara y precisa sobre su situación patrimonial. Según el abogado, la falta de esa información fue la razón central del rechazo.
La consecuencia práctica, señaló, es que cada damnificado queda liberado para iniciar individualmente la acción legal que le corresponda y así intentar cobrar lo que se le adeuda, sin tener que esperar a un proceso concursal unificado.
El estudio de Barbarach representa a un grupo de alrededor de treinta personas, todas en situaciones similares pero no idénticas: algunas entregaron dinero para la compra de un vehículo 0 km que nunca recibieron; otras entregaron dinero junto con un auto usado como parte de pago; y otras dejaron su vehículo en consignación para la venta sin cobrar el importe correspondiente, o cobrando solo una parte.
El abogado también hizo referencia a un caso, ajeno a sus clientes pero con características similares, en el que una pareja descubrió que su auto usado, entregado como parte de pago, había sido transferido y vendido en la provincia de Corrientes sin que ellos hubieran firmado la documentación correspondiente ante un escribano o un oficial del Registro del Automotor. Barbarach planteó que situaciones de ese tipo podrían configurar un delito, ya que la transferencia de un vehículo requiere la firma del formulario 08 ante un escribano público o un oficial del Registro, y no en blanco en la propia concesionaria.
Respecto de la agencia, confirmó que permanece cerrada desde el allanamiento dispuesto por la fiscalía, y que sus titulares, Scarchello y Alegre, no mantienen contacto directo con el estudio: se comunican únicamente a través de sus abogados, sin ofrecer hasta el momento ninguna propuesta concreta de solución.
Consultado sobre si la situación podría configurar una estafa, Barbarach fue cauto: aclaró que será la fiscalía y, eventualmente, un juez quienes lo determinen, pero remarcó que las denuncias que patrocina su estudio se presentaron considerando la posible comisión de ese delito.
Sobre los tiempos, el abogado adelantó que no espera una resolución rápida. A su criterio, el propio fallo judicial que rechazó el concurso —al señalar la falta de información precisa por parte de la empresa— sugiere que Rosario Motorsport no dispone hoy de los datos necesarios para explicar cómo podría responder a las obligaciones incumplidas, lo que complica cualquier salida a corto plazo.